Más detalles sobre la propuesta senatorial para reformar leyes de inmigración
Por Michel Leidermann
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Grupo bipartidista de Representantes también elabora reforma

Por Michel Leidermann

Un grupo de 8 senadores republicanos y demócratas presentaron un acuerdo sobre los principios para reformar las leyes de inmigración. El acuerdo cubre seguridad fronteriza, trabajadores temporales y verificación de los antecedentes de los trabajadores por parte de los empleadores, así como un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización legal en Estados Unidos.

Los ocho senadores son los demócratas Charles Schumer (Nueva York), Dick Durbin (Illinois), Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Michael Bennet (Colorado) y los republicanos John McCain (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Marco Rubio (Florida) y Jeff Flake (Arizona).

Aunque los detalles siguen pendientes de negociaciones con los demás senadores y el éxito está lejos de haberse asegurado, el anuncio promete el inicio de lo que podría ser el intento más significativo en los últimos años para la revisión de las ineficientes leyes de inmigración de la nación.

El presidente Barack Obama también se ha comprometido a promulgar apenas llegue a su escritorio una legislación migratoria integral.

La propuesta de los senadores busca cumplir con 4 partes básicas de una reforma migratoria:

-La creación de un camino de legalización y luego hacia la ciudadanía, dependiente de garantizar la seguridad de las fronteras (personas, drogas, armas) y un mejor seguimiento de las personas que llegaron con visas y no regresaron (estimado el 42%) a su países.

-La concesión de residencia (tarjetas green cards) a los inmigrantes que reciban maestrías, doctorados y otros títulos de educación avanzada en Ciencias, Matemáticas, Tecnología o Ingeniería (STEM) en alguna universidad estadounidense.

-La creación de un sistema de verificación eficaz en el mercado laboral, para garantizar que los empleadores no contraten a inmigrantes sin documentos.

-Permitir el ingreso de más trabajadores poco calificados y que los empleadores los contraten siempre y cuando demuestren que no pudieron contratar a un ciudadano estadounidense y el establecimiento de un programa de trabajadores agrícolas.

El documento no explica muchos detalles respecto a los cambios necesarios en seguridad fronteriza, pero menciona elementos como el aumento de drones (aviones robot), equipos de vigilancia y el incremento de agentes en los puertos de entrada.

También incluye la creación de una comisión de seguridad fronteriza compuesta por gobernadores, procuradores generales y líderes comunitarios, para monitorear el progreso, junto a iniciativas que eviten la práctica de perfilamiento racial.

La propuesta detalla que sólo “una vez completadas las medidas de control fronterizo, los individuos con estatus provisional, podrán acceder a su residencia legal si: se ponen al final de la fila de los inmigrantes que se encuentran tramitando legalmente su residencia permanente; completan una revisión de antecedentes adicional; pagan impuestos debidos; aprenden inglés y educación cívica, demuestran un historial de trabajo en Estados Unidos y un empleo al momento de solicitar la legalización, entre otros requerimientos”.

Asimismo, menciona que los indocumentados tendrán que “pagar su deuda con la sociedad”, aunque no se detalla qué implicaría esto. En años anteriores, se ha discutido la posibilidad de que tengan que declararse culpables de un delito menor y pagar una multa, antes de obtener sus papeles.

Fuentes republicanas insistieron en que “estas condiciones son necesarias para tener la certeza de que los problemas actuales, no se volverán a repetir. No quieren que las personas que sí están en el sistema legal, sientan que habría sido más fácil entrar sin papeles”.

Fuentes demócratas comentaron que el “tiempo de espera, en el camino a la ciudadanía, será razonable. En cuanto a las metas de seguridad fronteriza, creemos que pueden ser completadas en pocos años”.

El documento menciona dos grupos que se eximirían de las nuevas condiciones: los jóvenes incluidos en el Proyecto de Ley del Sueño (DREAM Act) y los trabajadores del campo. Sin embargo, no se especifican las avenidas legales que se crearían para ellos.

Además, el acuerdo establece que se mantendrían las actuales restricciones de acceso a beneficios públicos, a quienes obtengan el estatus legal provisional.

También se destaca la importancia de no mantener separadas a las familias y de reducir los tiempos de espera en las categorías de visas relacionadas con la traída de parientes y las visas de empleo para atraer a profesionales altamente calificados que posean un título de máster o doctorado en áreas como ciencia, ingeniería, matemática y tecnología.

Otras partes del acuerdo, están basados en fortalecer el sistema de verificación de empleo que prevenga el fraude y la contratación de indocumentados, y protecciones para los trabajadores estadounidenses asegurando que los empleadores podrán contratar inmigrantes sólo “si pueden demostrar que no fueron exitosos en reclutar a un estadounidense, para llenar la vacante”.

También, insisten en crear un programa de trabajadores que satisfaga las necesidades de la industria agrícola, incluyendo el sector de lácteos, cuando los estadounidenses no estén disponibles para completar esas posiciones.

En febrero próximo, el Comité Judicial del Senado sostendrá audiencias sobre una reforma migratoria. Fuentes en ambos partidos, pronostican que para mediados de año (Agosto), ya existirá un proyecto de ley para ser votado en el Congreso.

Por su parte un grupo bipartidista de Representantes igualmente está preparando una propuesta de reforma migratoria que en todo caso tendría que compatibilizarse con la propuesta senatorial para poder convertirse en ley. El grupo está compuesto por los demócratas Luis Gutiérrez de Illinois, Zoe Lofgren y Xavier Becerra de California, y los republicanos Mario Diaz-Balart de Florida, Sam Johnson y John Carter de Texas.

 

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