Corte Suprema de Justicia mantiene deportación de mexicana con antecedentes penales
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La Corte Suprema de EE.UU. se negó el miércoles 20 a bloquear la deportación de una mujer de Chicago y miles de otros inmigrantes bajo investigación judicial, tienen derecho a ser informados por sus abogados sobre la posibilidad de ser deportados a sus países de origen, en caso de que decidan declararse culpables.

La decisión pone de relieve las consecuencias duras para los no ciudadanos que tienen antecedentes penales. La ley actual exige la deportación obligatoria de los extranjeros indocumentados y de los inmigrantes legales que tienen un “delito grave” en sus registros. El término “delito grave” puede describir una variedad de delitos estatales y federales.

Los abogados de inmigración dicen que decenas de miles de no-ciudadanos, muchos de ellos residentes permanentes legales, se declaran culpables cada año por delitos que pueden dar lugar a la deportación.

Hace tres años, la Corte Suprema falló que los abogados tienen el deber de advertir a los no ciudadanos de la posibilidad de que una declaración de culpabilidad, podría llevarlos a su deportación.

Pero en una decisión de 7-2 el miércoles, los magistrados dijeron que su decisión anterior no puede aplicarse retroactivamente y extender la clemencia a los que se declararon culpables de delitos graves antes de 2010.

La decisión del miércoles se produjo en el caso de Roselva Chaidez, una mujer de Chicago que nació en México y que ha vivido en Chicago por décadas y es residente permanente legal desde 1977. Sus abogados dijeron que ella tiene tres hijos y dos nietos.

En 1998, Chaidez admitió haber recibido $1.200 de una compañía de seguros automovilística en 2003 al afirmar falsamente que se había lesionado en un accidente de auto. El fraude fue ideado por su hijo y otros que cobraron $26.000.

Chaidez se declaró culpable de dos cargos de fraude postal, fue sentenciada a libertad condicional y tuvo que devolver los $22.000, la cantidad total recibida por ella y su hijo. Ella completó su sentencia y pagó el total de la restitución en 2004.

Cuando, más adelante solicitó la naturalización, se enteró de que declararse culpable de fraude postal por un valor mayor de $10.000, un monto que convierte el delito en grave según la ley estadounidense y por ello, castigable con deportación.

Chaidez presentó una petición ante la Corte en 2009, tratando de que su condena fuese revocada en razón de que su abogado no le advirtió sobre las consecuencias de su declaración de culpabilidad.

La Corte Suprema dictaminó en 2010 en el caso de Padilla vs. Kentucky, que el error de un abogado al no advertir a un no ciudadano de las consecuencias de una declaración de culpabilidad, le daba el derecho de pedir un nuevo juicio.

Chaidez ganó en primera instancia su caso pero luego fue apelado y perdió.

El Juez de Distrito en Chicago, Joan Gottschall, falló a favor de Chaidez y dejó de lado su convicción. Pero el 7º Tribunal de Circuito de Apelaciones no estuvo de acuerdo y en una decisión de 2-1, y dijo que Chaidez no podía aprovecharse del fallo del alto tribunal para impugnar su condena.

La Corte Suprema estuvo de acuerdo con la Corte de Apelaciones y se negó a extenderle su anterior decisión de ayudar a los que se declararon culpable antes el fallo del 2010.

La Magistrada Elena Kagan dijo que la resolución de 2010 significaba un importante cambio en la ley pero que el tribunal no ha aplicado esos cambios retroactivamente a casos antiguos.

El fallo de la Suprema, marcó una rara división entre dos magistrados nombrado por el presidente Barack Obama. Kagan habló por la mayoría (7), mientas que Sonia Sotomayor voto con la minoría (2).

Sotomayor sostuvo que la decisión de 2010 simplemente dejó en claro que los abogados tienen el deber de asesorar a sus clientes sobre la ley. “La decisión de hoy priva a los acusados __de la protección fundamental que es contar con un abogado competente” ella dijo Sotomayor.

“Es incontestable que si Chaidez hubiera sabido las consecuencias en materia de inmigración (...) no se hubiera declarado culpable”, indicó el recurso de sus abogados, que invocaron la sexta enmienda a la Constitución que garantiza el derecho a la defensa.

 

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