Para muchos el costo de los trámites para hacerse ciudadano es muy caro
Por Michel Leidermann
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Los esfuerzos para una reforma inmigratoria en Estados Unidos han generado controversia en parte por la posibilidad de que ofrezca ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, a juzgar por la última vez que Washington ofreció esa oportunidad, no todos los que se beneficien de una legalización se convertirían en ciudadanos.

Tras la reforma inmigratoria de 1986, menos de la mitad de los que cumplían los requisitos se nacionalizaron.

Ya para 2013 los inmigrantes que quieren naturalizarse estadounidenses deben pagar una tarifa de $680 ($595 más el costo de las huellas digitales $85), aprobar un examen oral, presentar las declaraciones de renta de los últimos cinco años y pasar una revisión de antecedentes penales.

Es una queja común entre los residentes legales que aspiran a hacerse ciudadanos: el costo de la solicitud se les hace cuesta arriba y dificulta la nacionalización de los inmigrantes de clase trabajadora

Hace pocas semanas el Pew Hispanic Center en Washington dijo que los residentes legales mexicanos son los que tienen la tasa más baja de naturalización, apenas un 36%, y que las dos terceras partes de ellos no se han naturalizado a pesar de ser elegibles.

La ciudadanía es un estatus que trae muchos beneficios particularmente en derechos cívicos, mejor posibilidad de traer a otros familiares, votar en las elecciones, y ganancias económicas a largo plazo. Sin embargo, es un beneficio optativo.

En términos generales, alguien puede vivir su vida entera en los EEUU como residente legal permanente sin hacerse ciudadano. La “tarjeta Verde” cuesta $480.00

Entre 20% y 25% de residentes legales afirma que el costo es la razón principal para no optar por la ciudadanía, a pesar de desearla y conocer sus beneficios.

El costo, sin embargo, no es el factor más mencionado por los inmigrantes para impedir la ciudadanía. El 30% dice que la necesidad de aprobar un examen de inglés también les dificulta el proceso.

De modo que parecería que de los 11 millones de indocumentados en el país en la actualidad, muchos estarían contentos con sólo obtener su legalización temporaria y luego la residencia permanente y no contemplan la ciudadanía como una prioridad.

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