Y ahora la lucha sigue en la Cámara de Representantes
Un grupo bipartidista de 7 legisladores ha negociado un proyecto de ley integral desde 2009 sin lograr un acuerdo.
Por Michel Leidermann

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El rechazo que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha demostrado hasta ahora hacia la idea de incluir la opción de naturalización a inmigrantes indocumentados en una reforma inmigratoria, se perfila como un impedimento para las posibilidades de que se apruebe la histórica reforma migratoria aprobada por el Senado.

El Senado aprobó el jueves 27 con votación 68-32 una reforma migratoria que ofrecería la naturalización a 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos de manera ilegal y destinaría al menos $30 mil millones a la seguridad fronteriza. Catorce republicanos se sumaron a 52 demócratas y dos independientes para aprobar esta versión.

El grupo bipartidista de ocho senadores que redactó el proyecto de ley original, había expresado públicamente su aspiración de alcanzar los 70 votos para ejercer una mayor presión sobre la Cámara Baja, y con ese fin realizaron concesiones importantes a la bancada republicana, pero sólo se lograron 68.

Mientras, el liderazgo nacional del partido republicano ha expresado la urgencia de apoyar una reforma migratoria como una manera de congeniar con los latinos que votaron abrumadoramente a favor de la reelección del demócrata Obama, muchos legisladores republicanos más bien definen sus votos pensando en la realidad política de sus respectivos distritos que en muchos es antiinmigrante.

Y para los legisladores que buscan reelegirse en las elecciones de medio término de 2014, apoyar una reforma migratoria podría ponerlos en desventaja frente a rivales más conservadores que los acusan de facilitar una “amnistía” migratoria.

Muchos en la Cámara Baja -donde los republicanos son mayoría- prefieren un enfoque por partes en lugar de una reforma integral como la del Senado.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles 26 una iniciativa para establecer un sistema que obligue a todos los patrones a verificar el estatus migratorio (E-Verify) de sus empleados en un plazo de dos años. Asimismo aprobó otros dos proyectos, uno sobre los trabajadores agrícolas y otro para tipificar como delito federal estar en el país sin permiso legal, lo que actualmente es una infracción del fuero civil. Ninguno de los proyectos de ley aprobados por la comisión permite a los inmigrantes sin papeles legalizar su estatus, mucho menos naturalizarse.

Un grupo bipartidista de siete representantes ha negociado de manera interrumpida desde 2009 un proyecto de ley integral en la Cámara de Representantes, sin haber logrado una versión final.

Numerosos activistas alegan que el promedio diario de al menos mil deportaciones diarias imprime urgencia para que el Congreso apruebe unareforma cuanto antes. Y otros se han quejado por el énfasis que la legislación pondrá en la seguridad fronteriza que duplica la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, alarga el muro en mil 100 kilómetros más y financiar miles de millones de dólares en equipos como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a un costo de $30 mil millones.

Según el proyecto aprobado, los inmigrantes sin documentación podrán legalizarse mientras se implementan las nuevas medidas de seguridad fronteriza, pero sólo podrán obtener la residencia permanente cuando la implementación haya concluido.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano por Ohio, John Boehner, reiteró que “la cámara no someterá a voto cualquier cosa que apruebe el Senado”. “Para que cualquier legislación sea aprobada tendrá que ser un proyecto de ley que cuente con el apoyo de la mayoría de nuestros miembros. La reforma migratoria tiene que basarse en una seguridad fronteriza real. Eso es lo que piensa el pueblo estadounidense, y es un principio en el que también cree nuestra mayoría””, dijo en conferencia de prensa.

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