Darán permiso de estadía legal a familiares de militares
Llaman a Obama para extender el beneficio a más grupos de indocumentados
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Al mismo tiempo en que la esperanza de una legalización para los indocumentados se esfumó para 2013, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) anunció que extenderá un permiso de estadía a los cónyuges, padres o hijos enlistados o que anteriormente sirvieron en las Fuerzas Armadas de los EEUU.

La decisión demuestra que el presidente puede ampliar la protección a indocumentados usando la amplia discreción que le otorgan la Ley y la Constitución, incluso sin una reforma migratoria

El USCIS anunció que sistematizará una práctica que venía realizándose de forma aislada desde agosto de 2010, que otorga permisos de estadía y otros beneficios migratorios a discreción de las autoridades federales, a familiares directos de un miembro de las Fuerzas Armadas.

Este beneficio se usaba muy desigualmente pues dependía de las oficinas locales de USCIS, algunas favorables a estos casos y otras no. Ahora, por medio del nuevo anuncio, las reglas incluyen a todos los miembros, activos, reservistas o veteranos y también a los padres, conyugues e hijos de miembros de la Fuerzas Armadas.

El beneficio otorgará un permiso de estadía llamado “parole in place” que esencialmente regulariza la presencia legal de los familiares del militar activo, reservista o veterano.

A mediados de la década pasada un abogado de Nueva York representó a la esposa indocumentada de un veterano de Irak que fue muerto en combate y a la que el gobierno estaba tratando de deportar. Este fue el primer caso que atrajo la atención nacional hacia la tragedia de familiares de veteranos que por las actuales leyes de inmigración no pueden obtener sus papeles. Lo último que debería preocupar a los soldados en servicio es la posible deportación de un miembro de su familia.

La nueva política indica no sólo que los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas recibirán un permiso de estadía por un año, renovable, sino que al mismo tiempo eliminaría la marca del estatus “ilegal” que impide que muchos indocumentados obtengan una tarjeta de residencia aún cuando estén casados con un ciudadano.

Grupos defensores de los inmigrantes señalaron que esta decisión ilustra lo que puede hacer la Casa Blanca para proteger a grupos de indocumentados aún sin una ley de reforma migratoria. El presidente debería hacer más por todas las familias, pues tiene la autoridad legal y la obligación moral de hacerlo.

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