Debate migratorio se activa en varios estados
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Mientras que en el Congreso federal, en Washington, se espera la reanudación de la discusión sobre el tema migratorio, en varios estados del país siguen los intentos de avanzar leyes que restringirían los beneficios sociales de los indocumentados o castigar su estadía en el país con detención y posible deportación.
Estos intentos culminaron la semana pasada con una ley fuertemente antiinmigrante en el estado de Georgia y por otra parte, con el fracaso de una propuesta similar en Arizona.
Arizona
La gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, vetó un proyecto de ley que precisamente proponía convertir en criminales a los inmigrantes indocumentados por cometer el delito de traspaso de propiedad privada.
La iniciativa vetada SB1157, también contemplaba que los agentes policíacos realizaran labores de inmigración, con la autoridad para detener y cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio. Ante las fuertes presiones de activistas, políticos y algunas agencias y departamentos policíacos que se oponían a la iniciativa, la gobernadora demócrata manifestó “serias dudas” sobre su legalidad y la vetó. .
Se calcula que entre 300 mil y 500 mil inmigrantes indocumentados viven en Arizona.
Diferentes organizaciones como la Asociación de Jefes de Policía de Arizona enviaron cartas en las que pedían a la gobernadora vetar este proyecto de ley bajo el argumento de que el estado no cuenta con los recursos suficientes para poder implementarlo.
Activistas y defensores de los inmigrantes aseguraron que la decisión de la gobernadora, en gran parte, se debe a la marcha del pasado 10 de abril, en la que más de 100 mil personas salieron a las calles de Phoenix para pedir un trato justo y una reforma migratoria que beneficie a los indocumentados.
Georgia
El gobernador de Georgia firmó una ley que revisará el estatus de los extranjeros que viven en su estado, lo que convierte a esta región en una de las más estrictas en Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal. La ley entrará en vigor el 1ro de julio del 2007, pero ya generó protestas y apoyo en el Capitolio de Georgia.
‘’Quiero dejar esto claro: el gobierno de Georgia no es antiinmigrante, ni esta ley tampoco lo es’’, declaró el republicano Sonny Perdue al firmar. “Simplemente creemos que todo aquel que viva en el estado de Georgia debe cumplir con la ley’’.
La nueva normativa requiere que todo adulto que aspire a disfrutar de los beneficios sociales debe ser residente legal de Estados Unidos. Sanciona a quienes empleen de manera consciente a indocumentados, y obliga a las compañías que contratan con la gobernación a revisar el estatus legal de sus empleados. Lo mismo deberá hacer la policía al realizar un arresto.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, ésta sería la primera ley migratoria regional en entrar en vigor en Estados Unidos.
La nueva normativa no afectará el acceso a servicios médicos de emergencia y educación hasta el fin de la escuela primaria, derechos que tribunales federales han establecido por encima del estatus migratorio. Otras excepciones incluyen servicios de cuidado prenatal y tratamiento de enfermedades contagiosas.
Florida
El legislador estatal Juan Zapata propuso que los hijos de los inmigrantes ilegales sean autorizados a pagar matrículas baratas de estudios universitarios en Florida.
“Este es un proyecto de ley sobre el acceso al estudio para jóvenes que no han hecho nada malo para ganarse la educación universitaria”, explicó Zapata, quien nació en Perú y creció en Colombia. El legislador llegó a Estados Unidos con su familia cuando era un niño y luego obtuvo la ciudadanía. Más tarde se graduó en la Universidad Internacional de Florida y, cuatro años después, ingresó a la política estatal.
Manifestó Zapata que con su propuesta busca dar a los hijos de los indocumentados una oportunidad de que tengan éxito con el pago de matrículas como si fueran residentes del estado. Las matrículas universitarias son más baratas para los estudiantes que han nacido en Florida o comprueban ante las autoridades que han vivido al menos un año en el estado.
Esta es la cuarta vez que el legislador presenta su proyecto de ley. Similares iniciativas ya han sido aprobadas en nueve estados.
El organismo Pew Hispanic Center, que estudia uno de los grupos de inmigrantes más grandes en Estados Unidos, calcula que casi cuatro millones de niños tienen padres que son “inmigrantes no autorizados”. Según la organización, unos tres millones de esos infantes son estadounidenses por nacimiento pero provienen de padres indocumentados.
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