El American Immigration Council publicó dos nuevos informes que muestran a las claras ciertos patrones sistemáticos en el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza. En particular, los informes ponen en evidencia una serie de abusos, tanto físicos como verbales, ejercidos contra inmigrantes indocumentados durante el proceso de aprehensión o mientras los mismos están detenidos. Asimismo, documentan prácticas de retención de pertenencias de los migrantes ocurridas durante el proceso de deportación.

Los informes están basados en el Estudio sobre el Cruce Fronterizo de Migrantes—una encuesta realizada entre 2009 y 2012 en México con inmigrantes recientemente repatriados—y ofrecen una perspectiva sobre el comportamiento de la Patrulla Fronteriza cuyas prácticas distan de ser transparentes. Entre los hallazgos del estudio se destacan:

• Un 11% de los encuestados han sido víctimas de alguna forma de maltrato físico y un 23% han sufrido abusos verbales. Considerando el enorme número de personas que son detenidas y deportadas, estos porcentajes representan un elevadísimo número de individuos.

• Aproximadamente un 30% de las personas que declaran haber sido víctimas de abusos físicos manifestaron haber sido golpeadas y un 6% indicaron haber sufrido lesiones con secuelas.

• Entre los abusos verbales, es frecuente el uso de insultos con referencias raciales.

Si bien las cifras sobre los abusos perpetrados contra los inmigrantes son escandalosas, los ataques contra la propiedad de aquellos no son menos importantes. En particular, el segundo informe alude a la sustracción de pertenencias de los inmigrantes repatriados por las autoridades estadounidenses. Un tercio de las personas deportadas han sufrido la sustracción y no devolución de algunas de sus pertenencias— por ejemplo documentos de identidad, dinero o teléfonos celulares, con implicancias de enorme gravedad para las víctimas. Al no contar con sus pertenencias, una vez en México los migrantes se encuentran imposibilitados para realizar llamados telefónicos, pagar un boleto de autobús, recibir transferencias de dinero, o cambiarse de ropa. 

Los resultados de este estudio demuestran, por un lado, que los abusos expuestos no son ocurrencias aisladas sino la expresión de la cultura del sistema de deportación actualmente vigente. Por otro lado, revelan una cultura institucional de utilización de violencia contra personas que no tienen recursos para defenderse. 

A diferencia de otras agencias gubernamentales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y en particular la Patrulla Fronteriza, no están sujetas a estándares adecuados de rendición de cuentas.