Muchos discursos ¿y los resultados?
Por Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice. 
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Maribel Hastings

Cada vez que el presidente en turno ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión, comienza la alharaca sobre a quién invita a las gradas, cuántas palabras le dedica a cada tema, si habló con energía, si fue un somnífero, si no retó a la oposición, si fue inspirador, si lo aplaudieron o no, qué cosas cumplió y cuáles permanecen en el tintero.

El discurso anual es un trámite que esboza lo que la administración en turno considere como logros y que plantea los asuntos en los que espera la colaboración del Congreso, particularmente de la oposición, pero incluso de los diversos sectores de su propio partido. Temas que han quedado pendientes de discursos previos, como el de la reforma migratoria, que lleva, con éste, ya seis años en cada discurso, y un año más como promesa de campaña política. Puede considerarse un discurso más o uno menos, pero hay momentos históricos o electorales cuando cobran una especial importancia.

Este momento tiene de todo un poco, porque el presidente Barack Obama busca completar lo más que pueda de la restante agenda de su histórica presidencia en medio del tranque legislativo de uno de los Congresos de poder compartido más inútiles de la historia.

Y de hecho, todos los sectores políticos tienen algo en juego, especialmente en un año de elecciones de medio tiempo y a dos años de la elección general de 2016.

El presidente Obama llegó a este sexto discurso con unos índices de aprobación de sólo el 43%, que no le ofrecen la ventaja para negociar con el Congreso.

Pero le restan tres años de presidencia y persistencia, los mismos tres años que serán consumidos por la política electoral. Este año por el control del Congreso y el 2015 y 2016 por la desenfrenada carrera para elegir un nuevo presidente.

Ante la premura del calendario, Obama afirma que para negociar piensa usar el teléfono, pero también su pluma para girar órdenes ejecutivas sobre asuntos en los que el Congreso no colabore.

Es un balance delicado ante una Cámara Baja controlada por los republicanos,  que no anticipa que la Cámara Baja cambie de manos, y más con el temor de que la frágil mayoría demócrata del Senado, esté en peligro en noviembre.

Obama llega vapuleado por un 2013 brutal que fue consumido por la batalla que ha marcado al principal sello de su administración, el Obamacare; pero también por las épicas batallas presupuestarias y por los asuntos pendientes, tales como la reforma migratoria.

Los años electorales son legislativamente complicados, pero a veces producen resultados, dependiendo de lo que los titulares quieran demostrarle al electorado.

La esquiva reforma migratoria ofrece a los dos partidos, y al presidente, la posibilidad de evidenciar algún logro legislativo con el potencial de rendir frutos en las urnas, especialmente en las elecciones generales de 2016.

¿Cómo lograrlo? Esta ha sido y será la pregunta.

Obama tendrá que apelar a una Cámara Baja de mayoría republicana negada a que le impongan condiciones, especialmente ante su negativa de conceder una vía especial a la ciudadanía para los indocumentados. A la vez, negada a negociar con la versión de reforma que aprobó el Senado el 27 de junio de 2013 que sí concede una vía especial, aunque de 13 años, a la ciudadanía.

Aunque los republicanos no quieren trazar una línea diciendo que no habrá camino especial a la ciudadanía. Y ya hay sectores pro reforma que le están pidiendo a Obama que haga uso de su pluma para frenar las miles de deportaciones que han marcado a esta administración.

¿Y qué harán los republicanos cuando den a conocer su hoja de “principios” de reforma migratoria? Si las especulaciones son ciertas, quizá ofrecerán una vía acelerada a la ciudadanía para algunos (¿Dreamers?) y legalización para otros.

La clave está en ver si esa legalización permite que la ciudadanía permanezca como una alternativa mediante canales existentes, como son los lazos familiares o laborales, si es que se rompen otras barreras que bloquean esos canales existentes, entre esos, la llamada ley del castigo (con prohibiciones de 3 y 10 años) y las inadecuadas cuotas de visas.

Sería cuestionable la prohibición a que un grupo de personas, en este caso en su mayoría latinas, tuvieran la opción de en algún momento aspirar a la ciudadanía si así lo decidieran. 

Arranca otro año de discursos, reuniones para hacer una planificación, llamadas, negociaciones y plumazos.

A ver si en el frente migratorio tanta alharaca finalmente produce algún resultado.

 

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Michel Leidermann
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