Condenado a muerte tardó 40 minutos en morir por inyección letal en Oklahoma
Se le suministró una combinación de fármacos nunca antes usada y después de recibirla empezó a sufrir convulsiones
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Las complicaciones en la aplicación de la pena de muerte a un preso, Clayton Lockett, de 38 años, que falleció de un ataque al corazón más de 40 minutos después de recibir la inyección letal en Oklahoma, obligó a cancelar el miércoles 30, una segunda ejecución, en la que iba a ser la primera ejecución doble del país desde el 2000.

Lockett  condenado a la pena capital por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, se retorció y jadeó cuando le fue administrada la inyección, que contenía una combinación de fármacos nunca usada previamente en el estado de Oklahoma, antes de morir de un ataque al corazón.

Era la primera vez que se utilizaba el fármaco midazolam como parte de una inyección de tres componentes en Oklahoma y poco después de recibir la inyección, el preso empezó a sufrir convulsiones.

Una media hora después del inicio de la ejecución, el director del Departamento Correccional de Oklahoma, anunció que esta se cancelaba, porque los medicamentos no estaban fluyendo por las venas del reo, pero a continuación Lockett fue declarado muerto por un ataque al corazón.

Patton pidió entonces el aplazamiento hasta dentro de 14 días del otro ajusticiamiento de Charles Warner, de 46 años y culpado por el asesinato de un bebé de 11 meses, previsto para el mismo día que se esperaba que se produjera dos horas después del primero.

Iba a ser la primera ejecución doble en EEUU en lo que va de siglo XXI, puesto que la última vez en que esto sucedió fue el 9 de agosto de 2000 en Texas, y la primera en el estado de Oklahoma desde 1937.

En los últimos meses, se han dado varios episodios de complicaciones. La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena capital, están teniendo problemas para conseguir los componentes químicos con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales.

Ante esto, algunos estados están probando inyecciones letales con fórmulas alternativas y otros incluso han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica si no hay medicamentos disponibles.

Lockett y Warner demandaron a Oklahoma por no haber recibido información sobre dónde había adquirido el estado los fármacos, ni evidencias de que estos medicamentos fueran seguros. La Corte Suprema estatal declaró que los condenados no tenían derecho a recibir esta información.

 

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