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Senadores de todas las bancadas presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reformas en materia de combate al bullying, que incluye la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar.

La iniciativa presentada plantea sanciones económicas que van desde la amonestación pública hasta una multa de cinco mil días de salario mínimo, es decir 350 mil pesos de multa, para padres y maestros que no controlen, que permitan o que alienten la violencia escolar.

En el caso de los maestros se harán acreedores a la suspensión definitiva del puesto académico y a la inhabilitación del cargo hasta por cinco años.

Ello al margen de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, así como se establece la inhabilitación hasta por cinco años del cargo a maestros y directivos de planteles escolares que escondan o no actúen a tiempo en contra del llamado bullying.

El texto dice: “Son infracciones a la presente ley incurrir, infligir, permitir o tolerar actos de violencia en el entorno escolar; incitar a la realización de actos de violencia en el entorno escolar; no tomar previsiones necesarias dentro de planteles educativos y en el horario escolar o en las actividades desarrolladas en la unidad escolar”.

La iniciativa se presentó días después de la muerte de un menor de secundaria en Tamaulipas, por agresiones de sus compañeros. En la reforma se plantea modificar también la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por supuesto el Código Penal Federal. Con ello se busca prevenir y prohibir todo acto de violencia en los centros escolares tanto públicos como privados.

En el caso de niños agresores deberán ser canalizados para su atención psicológica junto con los integrantes de su entorno familiar para recibir terapia integral, a fin de eliminar conductas violentas en su ámbito familiar y escolar. Se contempla la reparación del daño para las víctimas de este fenómeno.

 

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