La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de extender a los teléfonos celulares las protecciones del derecho a la privacidad, es un importante triunfo para la información individual y las garantías individuales, ante los rápidos cambios tecnológicos.

Este fallo también es una saludable defensa  de las garantías individuales, en momentos en que éstas se han ido erosionando en nombre 

Hasta ayer las consideraciones que recibía un teléfono celular por parte de las autoridades eran muy similares al de una billetera con fotografías, que puede ser revisada sin mayores problemas y sin necesidad de una orden judicial.

El alto tribunal explicó que estos teléfonos contienen, en el caso de muchos estadounidenses, “las privacidades de la vida”. El fallo  determina con claridad que un teléfono que lleve mucha información privada, está protegido constitucionalmente.

Con respecto al argumento de la seguridad pública y la amenaza del terrorismo, la corte fue directa al agregar que “la privacidad tiene un costo”. Esto significa que si la policía quiere acceder a la información contenida en un teléfono, necesita una orden de cateo (warrant) como si quisiera hacerlo en una propiedad.

En esta extensión de la  Cuarta Enmienda de la Constitución, la corte reconoció que el celular  no es “solo una conveniencia tecnológica” sino, en esta época, mucho más. No es sólo un vehículo de comunicación sino un archivo de información  y como tal merece protecciones constitucionales. El fallo da finalmente una uniformidad a las normas que las autoridades deben seguir en medio de una  maraña de distintas decisiones estatales.