El Latino Arkansas

El denominado proyecto Sensenbrenner, el HR4437, que criminaliza a los indocumentados y a quienes los asistan, ha sido el motor de una movilización nacional en pos de una reforma migratoria integral. Sin embargo, ahora su autor cita un reportaje que concluye que en otras naciones, incluyendo México, las penas por la presencia sin documentos, la entrada sin documentos o el uso de documentación falsa, son tan o mucho más severas que lo propuesto por él.
El congresista James Sensenbrenner, republicano de Wisconsin y presidente del Panel Judicial de la Cámara de Representantes, presentó el reporte en momentos en que trata de definirse cuándo y cómo el Senado retomará el debate migratorio en Mayo y qué protecciones tendrá el proyecto del Senado durante el proceso de conciliación con el proyecto HR4437 de la Cámara Baja.
En la Cámara Baja los líderes republicanos argumentan que la seguridad fronteriza y la severidad de leyes en el interior del país deben tener prioridad sobre mecanismos de legalización o programas de trabajadores temporales.
El estudio, titulado Sanciones de Leyes Inmigratorias y Aplicación de Leyes en Naciones Extranjeras, evalúa las políticas migratorias en México, Brasil, Egipto, Japón, Suecia y Suiza. Fue elaborado por el Law Library of Congress y las naciones se eligieron para proveer un grupo diverso racial y, geográficamente hablando, “para fines comparativos con Estados Unidos”.
Según el estudio, en México, por ejemplo, la presencia en el país sin documentos se castiga con hasta seis años de cárcel. En Estados Unidos la presencia ilegal es una ofensa civil y el proyecto HR4437 lo hace un delito grave, aunque los líderes republicanos de ambas cámaras indicaron semanas atrás que garantizarán que sea un delito menor con un castigo de hasta seis meses de cárcel.
El estudio agrega que México posee también las penas más severas contra quienes ingresen ilegalmente al país, sobre todo repetidamente. La primera vez el castigo es de hasta dos años de cárcel, y quienes sean capturados repitiendo la ofensa enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión.
Finalmente, el informe indica que México también ofrece penas severas por conducta fraudulenta relacionada con la inmigración. Por ejemplo, hay una pena de dos a seis años de cárcel por proveer información falsa a las autoridades; hasta cinco años de prisión por mentir sobre su situación migratoria, y una pena máxima de cinco años por matrimonio fraudulento con fines migratorios.
Sensenbrenner dijo que el reporte pone en duda la severidad de su propuesta y las críticas a las que ha sido sometida a nivel nacional e internacional. “En realidad, el proyecto de la Cámara Baja hará que las leyes migratorias de Estados Unidos estén más en línea con las de la mayoría de los países”, sostuvo.
“El reporte dice que México tiene esas leyes, lo cual se sabe, pero no dice nada sobre cómo esas leyes han controlado la inmigración indocumentada”, declaró Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute de New York University (NYU). Más bien, agregó, podrían ponerse en tela de juicio porque México ha sido el país que cientos de miles de centroamericanos han empleado como tránsito para llegar a Estados Unidos. “En otras palabras, las leyes no han sido efectivas”, agregó Chishti.