ESCUE­LAS DEBEN EDU­CAR A TODOS LOS MENORES SIN IMPOR­TAR SU ESTA­TUS MIGRATORIO
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El Depar­ta­mento de Jus­ti­cia (DOJ) y el Depar­ta­mento de Edu­cación (DOE) de los Esta­dos Unidos emi­tieron con­jun­ta­mente en Mayo de 2014 una guía crítica para las escue­las a nivel nacional, recordán­doles su respon­s­abil­i­dad de pro­por­cionar edu­cación de cal­i­dad a todos los jóvenes, sin impor­tar su esta­tus migra­to­rio.  

Afir­mando que “han encon­trado prác­ti­cas de matriculación de estu­di­antes que pueden desan­i­mar o desalen­tar la par­tic­i­pación, o con­ll­e­var a la exclusión de  estu­di­antes basán­dose en la ciu­dadanía o esta­tus migra­to­rio real o percibido de ellos o sus padres o tutores”, recuerdan a las escue­las que negar la edu­cación a los estu­di­antes por su esta­tus migra­to­rio es una vio­lación de la ley federal.

Los Artícu­los IV y VI de la Ley de Dere­chos Civiles de 1964 pro­híben la dis­crim­i­nación por motivos de raza, color u ori­gen nacional, entre otros fac­tores, respec­ti­va­mente, por parte de las escue­las públi­cas pri­marias y secun­darias y los recep­tores de asis­ten­cia fed­eral.  

En 1982, el Tri­bunal Supremo de Esta­dos Unidos sos­tuvo en el pleito Plyler vs. Doe que un estado no puede negar el acceso a la edu­cación pública a ningún niño que resida en el estado, sin impor­tar su esta­tus migra­to­rio.  La Corte explicó que negar a “niños inocentes” el acceso a la edu­cación pública, es “impon­erle una vida de penurias a unos niños que no son respon­s­ables de su condi­ción migra­to­ria… Al negarle a estos niños la edu­cación básica, se les niega la capaci­dad de vivir den­tro de la estruc­tura de nues­tras insti­tu­ciones cívi­cas y se excluye toda posi­bil­i­dad real de que con­tribuyan al pro­greso de nues­tra nación”.

En los últi­mos años, algunos esta­dos y dis­tri­tos esco­lares han inten­tado exi­gir a los padres cuando inscriben a sus hijos en las escue­las públi­cas que rev­e­len su esta­tus migra­to­rio o pro­por­cio­nen doc­u­men­tos que los inmi­grantes indoc­u­men­ta­dos no tienen.  Esos req­ui­si­tos, como le recuerdan a las escue­las, violan la ley fed­eral y tam­bién entran en con­flicto con nue­stros val­ores como nación de inmi­grantes.  

 

EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Más de 65,000 estudiantes indocumentados que han vivido en los EE.UU. por cinco años o más se gradúan de una escuela secundaria cada primavera. Para sus compañeros residentes legales y ciudadanos, la graduación representa un rito de paso hacia la adultez. Pero para demasiados estudiantes indocumentados, es un callejón sin salida. 

La comunidad latina aboga ante el Congreso y ante el pueblo estadounidense, declarando que la insostenible situación de estos estudiantes constituye un problema humanitario y de derechos civiles, además de un asunto económico, y rechaza los mitos de que los estudiantes indocumentados limitan las oportunidades académicas de los demás.

La inversión a todo nivel en la educación K-12 de estos estudiantes, ordenada por la Corte Suprema en 1982, se malgasta cuando su continuación académica  es impedida por los altos costos y las reglamentaciones que exigen una residencia legal y por lo tanto impiden que futuramente contribuyan a la sociedad general después de graduarse de la escuela secundaria. 

Si no educamos a estos estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial, estamos desperdiciando su talento e imponiéndoles graves costos económicos y emocionales, tanto a los estudiantes indocumentados como a la sociedad estadounidense en general.

Estos jóvenes, cuyo espíritu e identidad son estadounidenses, en muchos casos han cursado la escuela primaria y la secundaria en los Estados Unidos, donde sus maestros y sus padres los han animado a superarse académicamente.

Aunque la ley federal NO prohíbe que los estudiantes indocumentados asistan a la universidad, estos estudiantes enfrentan grandes obstáculos a la admisión, al acceso a la matrícula intra-estatal y a la ayuda financiera (becas y préstamos). 

A medida que en los Estados Unidos aumenta la necesidad de una fuerza laboral de nivel universitario, no debe darles la espalda a jóvenes que pueden fortalecer el bienestar económico y social del país.

Si el Congreso aprobara  la Ley Sueños o DREAM Act, esta les permitiría a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando niños, obtener la residencia legal permanente si siguen en la escuela hasta graduarse de secundaria, y entrar a la universidad o al servicio militar. 

Se calcula que la Ley Sueños les daría a 360,000 estudiantes indocumentados graduados de escuela secundaria los medios legales para trabajar y alcanzar recursos adicionales para la universidad, y les daría un gran incentivo a otros 715,000 menores entre las edades de 5 y 17 años para terminar la escuela secundaria (cumpliendo así con los requisitos para calificar bajo esta ley) y optar por la educación superior.

 

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