No deportan a cuatro estudiantes indocumentados de Arizona
La decisión de un juez de inmigración de no deportar a cuatro indocumentados de Arizona fue un respiro de alivio para los jóvenes que se consideran más estadounidenses que extranjeros.
El jueves 21 el juez de inmigración John Richardson desechó las evidencias contra los cuatro estudiantes indicando que sus derechos constitucionales fueron violados por agentes de Inmigración que los detuvieron selectivamente por su apariencia latina.
Luis Nava, de 21 años, Yuliana Huicochea, Oscar Corona y Jaime Damián de 20 años se abrazaron en el pequeño cuarto de la corte de inmigración de Phoenix después de tres años de lucha por permanecer en el único país que conocen.
La decisión fue un alivio para los destacados estudiantes conocidos como los “Wilson 4” que ingresaron al país entre los 2 y 8 años de edad desde México, un destino desconocido del que no tienen memoria.
Durante la audiencia los jóvenes dieron testimonio de cómo fueron detenidos por nueve horas sin comer, sin acceso a un abogado o a llamar a sus padres y sujetos a un agresivo interrogatorio por autoridades de migración hace tres años durante un viaje escolar.
Su abogada, Judy Flánagan, argumentó que los oficiales violaron sus derechos constitucionales protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución al someterlos a un interrogatorio injustificado sólo por ser latinos.
En junio de 2002 los jovencitos viajaban a Buffalo, Nueva York, para participar en una competencia internacional con un bote solar que ellos mismos construyeron en un club de ciencias. A último momento, como les sobraba el tiempo, decidieron ir hasta la frontera norte para conocer las cataratas del Niágara.
Durante el paseo el grupo se dividió en dos y una de las maestras que los acompañaba decidió ver qué tipo de identificación era necesaria para cruzar hasta Canadá indagando con oficiales de migración.
La pregunta despertó sospechas de los agentes que comenzaron a interrogar a los estudiantes que la acompañaban pidiéndoles sus identificaciones y preguntando sobre su estatus legal en el país.
La directora de la escuela Wilson Charter High School, Jane Juliano, otro de los testigos, dijo que un oficial de Inmigración la amenazó por teléfono con deportar a los estudiantes a México si no enviaba sus certificados de nacimiento inmediatamente a Buffalo, para después agregar “no nos mande más a sus ilegales”.
La abogada que representaba a las autoridades de migración, Linda Spencer Walters, presentó sólo un testigo del incidente, el entonces supervisor especial de operaciones Martin Mahedy quien participó de los interrogatorios de Luis Nava.
Mahedy reconoció que no recordaba todos los detalles de aquel día tres años atrás, ni la circunstancia en la que los cuatro jóvenes fueron detenidos. Aunque sí se mostró sorprendido de que tres de ellos fueron interceptados por las autoridades en el Centro de Visitantes.
La decisión del juez todavía no soluciona el problema para los cuatro jóvenes que no tienen un estatus legal en el país, aunque algunos tengan la posibilidad de ajustar su situación a través de un familiar, dijo Flánagan.
El caso de los “Wilson 4” se convirtió en poco tiempo en un bandera de lucha para que se vuelva a introducir una ley en el Congreso conocida como el “Dream Act” que podría otorgar un estatus legal a los más de 65 mil estudiantes que se gradúan anualmente de la secundaria y que no pueden continuar sus estudios superiores.
En una audiencia previa en 2004 el juez que les otorgó dos extensiones para permanecer en el país por más tiempo, indicó que sus manos “estaban atadas” para impedir la deportación. En el peor de los casos el juez Richardson podría haberles otorgado 120 días para abandonar el país de forma voluntaria.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, una organización que aboga por un control más estricto de la migración, opinó que la decisión no pudo haber sido peor. “Esto es un ejemplo más de cómo este país no tiene interés de implementar sus leyes de inmigración, envía el mensaje de que no hay ningún problema con ser ilegal”, declaró. “Sus padres nunca hubieran ingresado al país si nosotros hubiéramos tenido un sistema de inmigración más reforzado”.
Las autoridades de ICE dieron a conocer a través del portavoz Tim Count que se reservan su derecho de apelar la decisión en los próximos 30 días. Normalmente un proceso de este tipo puede demorarse hasta un año.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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