EL PRESIDENTE DE MÉXICO FIJÓ LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD SU PRÓXIMO GRAN OBJETIVO
ENRIQUE PEÑA NIETO ADMITE QUE EL ESTADO HA CEDIDO TERRENO AL CRIMEN ORGANIZADO
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El presidente Enrique Peña Nieto, fijó el jueves 27, la lucha contra la impunidad su próximo gran objetivo de mandato. Frente a una nación indignada por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero, con unos niveles de erosión política inimaginables hace apenas un año, el mandatario intentó recuperar la iniciativa con un amplio paquete de reformas, incluidos profundos cambios constitucionales, destinado a poner fin a la inoperancia policial y judicial detrás de la que se solapa gran parte de la violencia que desgarra al país. 

El 90% de los mexicanos consideran a la policía como la institución más corrupta del país. Cada día se registran por término medio 63 homicidios, 20 desapariciones y 5 secuestros.

Para hacer frente a este desafío, el presidente anunció la próxima disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. “Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención”, declaró Peña Nieto.

Esta medida de choque se combinará con una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narco en las corporaciones municipales, uno de los problemas que ha sacado a relucir el caso Iguala, donde tanto la policía local como el alcalde estaban en nómina del cartel de Guerreros Unidos. La reforma permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos o directamente su disolución cuando haya indicios de que actúan bajo las órdenes del crimen organizado.

El 90% de la población considera a la policía como una de las instituciones más corruptas. Sólo en los últimos cinco años más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos en México. Cada día se registran por término medio 63 homicidios, 20 desapariciones y 5 secuestros. Esta cascada de casos cae en manos de una justicia fallida, como demuestra que el 97% de las denuncias por asesinato queden sin culpable penal o que desde 2006, según Human Rights Watch, no se haya impuesto ninguna condena por desaparición forzosa.

El resultado es una amplia pérdida de confianza que lleva a muchos ciudadanos a evitar a la policía cuando son víctimas de un crimen. 

El consulado de México  en Little Rock, Arkansas, dio a conocer las medidas que implementará el Estado Mexicano, con el fin de mejorar las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia.

 

LAS MEDIDAS SON LAS SIGUIENTES:

1.-Iniciativa de Reforma Constitucional, la cual, facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en la Autoridades Municipales.

2.- Iniciativa para redefinir la competencia en materia penal de cada autoridad en el combate al delito.

3.- Creación obligatoria de policías únicas estatales, que sean confiables, profesionales y eficaces.

4.- Un número nacional para emergencias: el 911.

5.- Establecimiento de la Clave Única de Identidad

6.- Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente. Despliegue de fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán; así como respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas.

7-. Una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana.

8.- Acciones en materia de derechos humanos. Se establecerán acciones como fortalecer los protocolos para aplicar las leyes relacionadas con tortura y desapariciones forzadas. También se expedirá un reglamento a la ley de víctimas.

9.- El respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.

10.- Desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. Con el objetivo de fortalecer un gobierno abierto y transparente.

 

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