Bogotá, 31 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy un paquete de medidas para combatir la minería ilegal que sirve para financiar a grupos armados ilegales.

"La minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en este país. Alimenta a las FARC, alimenta al ELN, alimenta a las bacrim (bandas criminales). Es curioso cómo esas tres organizaciones criminales confluyen alrededor de la minería ilegal", dijo Santos en un acto en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

El mandatario explicó el contenido de un decreto ya firmado que busca autorizar la destrucción de las máquinas utilizadas para la extracción irregular, y adelantó que esta semana se firmará otro para controlar esos instrumentos.

Por eso, anunció que "se impondrán licencias previas y a imponer una serie de restricciones para la importación de esa maquinaria que se utiliza en la minería criminal y también para su movilización", dijo al explicar que estos equipos estarán identificados con chips.

Al tiempo, el jefe de Estado colombiano adelantó que se está preparando un proyecto de ley que va a reformar el Código Penal para solucionar la mayor dificultad que las autoridades han encontrado en la lucha contra la minería ilegal: "que es que el delito está mal tipificado".

"Hoy en día la minería ilegal lo único que podemos hacer es castigarlo por causar un daño grave contra el medio ambiente", indicó al aclarar que este proceso de ley tipifica "de forma más precisa y más drástica, no solamente el delito sino las penas".

Asimismo, Santos aseguró que el uso de insumos en la actividad extractiva como el mercurio, el cianuro y el arsénico serán también restringidos porque "generan un tremendo daño".

"Vamos detrás de la minería criminal", enfatizó el presidente.

Sin embargo, incidió en que la minería informal que quiera regularizarse, conocida como "artesanal", contará con programas gubernamentales valorados en 30.000 millones de pesos (unos 16,39 millones de dólares) que les respaldarán en ese proceso.

Santos reconoció que el combate a la minería ilegal como fuente de financiación de grupos armados fuera de la ley es una de las grandes preocupaciones de su Gobierno.

Incluso recordó que en los últimos encuentros con sus pares de Ecuador, Rafael Correa; Perú, Ollanta Humala, y Bolivia, Evo Morales, ha debatido sobre las mejores fórmulas para combatir este flagelo.