Montevideo, 21 nov (EFE).- Uruguay ha superado en lo que va de 2012 el "récord" histórico de homicidios registrados con 259 víctimas, que se proyecta llegarán a las 299 a fin de año, según reveló hoy un informe realizado por la Fundación Propuesta, el único observatorio privado sobre seguridad del país.

El documento, resultado de la recopilación de los datos sobre homicidios reportados en la prensa de todo el país, también señaló que con estas cifras, la tasa de este delito en Uruguay en 2012 se ubicará en los 9,19 homicidios por cada 100.000 habitantes, una subida sustancial respecto a los 6,27 que se registraron en 2011, donde según sus cuentas hubo 196 delitos de estas características.

Para los autores del documento, estos datos obedecen fundamentalmente al alza de los asesinatos en la ciudad de Montevideo, donde en 2012 se habrían cometido unos 80 homicidios más que el año anterior.

La mayor parte de los crímenes de este año, el 26 % (65), se produjo en riñas o peleas, mientras que el 24 % (60) obedeció a asaltos y robos con violencia y el 19 % (48) a ajustes de cuentas.

La violencia doméstica dejó 33 asesinatos (13 %), mientras que el 18 % restante (43) fueron crímenes de odio o no especificados.

El informe también apunta que de todos los crímenes cometidos en lo que va de año se han resuelto el 68 %.

Además, el 28 % de los homicidios resueltos en este año fueron cometidos por menores de edad.

La difusión de este informe coincide en un momento en el que la opinión pública del país está muy sensibilizada por el tema de la inseguridad, considerada por la mayoría de los uruguayos como el principal problema que afronta el país.

Precisamente, el pasado mes de septiembre la Corte Electoral validó más de 250.000 firmas recogidas para realizar un plebiscito destinado a endurecer el trato penal a los menores que cometan delitos graves.

Esa votación se realizará en coincidencia con las elecciones generales previstas para octubre de 2014 y se consultará a los ciudadanos si aceptan modificar la Constitución para rebajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal para que los delincuentes juveniles puedan ser juzgados como adultos en casos de crímenes graves.

Además, también se pretende que la Justicia mantenga los antecedentes penales de los menores para que sean considerados en los procesos a los que sean sometidos cuando alcancen la mayoría de edad.