Quito, 21 nov (EFE).- La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) anunció hoy que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra una ley aprobada por la Asamblea Nacional, que destina parte de los beneficios obtenidos por ese sector a la financiación de un bono de ayuda a los pobres.

El presidente de la ABPE, César Robalino, indicó hoy a periodistas que convocará a una reunión de su gremio para analizar el cuerpo legal y la demanda que se presentará ante la Corte Constitucional.

El pasado martes, el órgano parlamentario aprobó la ley de Redistribución del Gasto Social que, además, prohíbe que los bancos trasladen al público la elevación del impuesto a las utilidades o beneficios.

Según Robalino, la decisión legislativa viola principios tributarios y de la generalidad de las leyes, al discriminar al sector bancario de otros grupos productivos.

Además, indicó que la potestad de legislación en materia tributaria que tiene el Parlamento "se la cede al poder Ejecutivo", lo que es, a su parecer, "inconstitucional, eso es incorrecto por parte de la Asamblea".

El banquero dijo que ese tipo de medidas llevan a la "destrucción de riqueza" y enfatizó en que "el Estado no tiene el derecho para distribuir riqueza de los particulares".

Robalino advirtió que la medida, que se aplicará desde enero próximo, podría "desacelerar" el crédito en el país.

De su lado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que impulsó la reforma legal, recordó la crisis financiera de 1999, considerada la peor de la historia nacional, y recordó que en esa época se "socializaban las pérdidas" registradas por el sector financiero.

"Ahora, que gracias a la buena política económica del Gobierno los banqueros están rompiendo todos los récords históricos en utilidades, se socializan las ganancias", añadió el jefe del Estado.

La pugna entre los bancos y el Gobierno también se evidenció hoy con la decisión del presidente Correa de retirar su cuenta de una entidad privada y trasladarla a una institución financiera en manos del Estado.

Mediante un escrito, reproducido por el portal web El Ciudadano, de la Presidencia, Correa anunció el cierre definitivo de su cuenta en el banco Produbanco y la apertura de otra en el Pacífico, de "propiedad del pueblo ecuatoriano".

Justamente el Pacífico fue una de la treintena de entidades financieras intervenidas por el Estado durante la crisis de 1999, cuyo salvamento le costó al erario nacional más de 6.000 millones de dólares.

El pasado martes, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley impulsado por Correa, que eleva los impuestos a las utilidades obtenidas por la banca para destinarlos a ayudas a los pobres.

Entre las disposiciones de la nueva ley está una subida de los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero y la fijación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 por ciento para los servicios financieros, que hasta ahora estaban exonerados.

También da potestad a una entidad estatal para poner techo a los sueldos de los directivos de los bancos y amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos.

El Gobierno espera recaudar anualmente con esta iniciativa unos 164 millones de dólares adicionales de la banca privada y añadir 140 millones del Estado para elevar de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano que reciben mensualmente 1,2 millones de pobres.