Quito, 22 nov (EFE).- La agricultura es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en Ecuador, por encima del transporte, con un aumento de casi el 55 % entre 1990 y 2006, según un informe divulgado hoy.

María Amparo Albán, una de sus autoras, lo atribuye a la tala de bosques para la expansión de cultivos y de pastos.

Para contrarrestar este efecto, la experta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), la organización sin fin de lucro que produjo el informe, pidió políticas para aumentar la productividad.

"Los rendimientos por hectárea tienen que ser más altos, si uno compara los rendimientos de Ecuador con el resto de países de la zona, en banano, palma, etcétera, son muy inferiores", dijo a Efe Albán.

Con una baja productividad, la opción de los agricultores para cosechar más es una expansión de cultivos, explicó.

También señaló que muy pocos de los proyectos de fomento agrícola del Gobierno tienen un énfasis climático, por lo que pidió "conectar la agenda agrícola con el resto de discusión ambiental".

Aunque Ecuador contribuye en un 0,0001 % de las emisiones a nivel mundial, dado que es pequeño y en vías de desarrollo, su generación de gases tóxicos para el planeta en el sector agrícola se elevó en casi un 55 % en tan solo 16 años y la tendencia se mantiene, según el informe.

María Victoria Chiriboga, directora nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, consideró lógico que la agricultura sea el origen del mayor volumen de emisiones del país, dado que es su sector más importante tras el petrolero.

La agricultura aporta un 26 % del total del ingreso nacional, según el estudio.

Chiriboga también achaca el impacto del sector en las emisiones al uso de productos químicos en la industria bananera y florícola, por ejemplo, y a la importancia de la ganadería, que genera el gas metano.

La funcionaria explicó a Efe que los proyectos del Gobierno buscan asegurar la soberanía alimentaria de los pequeños productores con el fomento de la agroecología, es decir, un uso del suelo más respetuoso con el medio ambiente.

La meta del Gobierno en temas de mitigación del cambio climático es "tratar de reducir las emisiones pero sin afectar la producción", indicó.

Respecto a la deforestación, Chiriboga destacó los programas Socio Bosque y Socio Páramo, que dan un incentivo económico a los propietarios privados de tierra para que mantengan la vegetación original.

Según ella, los programas han logrado proteger un millón de hectáreas en el país.

El segundo sector que libera más gases perniciosos para la atmósfera en Ecuador es el transporte, según el informe, que lo atribuye a los subsidios que el Gobierno dedica al consumo de carburantes cada año.

El Ministerio de Finanzas presupuestó un gasto público de 2.867 millones de dólares en esos subsidios para este año.

"Esto genera una falta de interés por buscar y usar tecnologías y combustibles más limpios, ya que el desincentivo de precio es significativo en el mercado", afirma el documento.

Chiriboga señaló que es un tema "muy complejo políticamente" y destacó que el subsidio también tiene un impacto en los pobres, aunque quienes consumen más energía son las personas de mayor nivel adquisitivo.

En Ecuador, Venezuela y otros países de la región la subida del precio de los combustibles ha provocado en el pasado manifestaciones masivas, que en algunos casos han derrumbado a los gobiernos respectivos.

Los científicos estiman que el planeta es hoy en día 0,8 grados centígrados más caliente que en la época preindustrial, pero en Ecuador la subida ha sido de un grado centígrado en tan solo los últimos 50 años, según Chiriboga.

En algunos lugares de la región andina ese alza llega a dos grados centígrados, lo que reduce, por ejemplo, el tamaño de sus glaciares.

Según el estudio de CEDA, un aumento adicional de un grado disminuiría la producción de cultivos como el banano y el cacao. También estima que la degradación de los suelos afectará en el 2050 al 29 % del territorio de Ecuador, frente al 14 % actual.

El informe recomienda al Gobierno que colabore más con el sector privado para responder al cambio climático, así como el desarrollo de indicadores para constatar el grado de cumplimiento de los objetivos.