San José, 27 nov (EFE).- Los presidentes de los tres poderes del Estado costarricense firmaron hoy una declaración en la que resaltan los valores democráticos del país y abogaron por reformas institucionales, días después de un fuerte roce entre el Legislativo y el Judicial.

La declaración fue firmada hoy por la presidenta del país, Laura Chinchilla, el presidente del Congreso, Víctor Granados, y el de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, tras una reunión celebrada en la Casa Presidencial y convocada por la mandataria.

"Hemos tenido una sesión de intercambio de ideas, reafirmación de conceptos y reencuentro de visiones sumamente coincidentes en torno a la necesidad de avanzar en los procesos que permitan profundizar nuestra democracia, consolidar nuestro Estado de Derecho y mejorar la relación entre los poderes del Estado", manifestó Chinchilla a los periodistas.

En la declaración, los tres funcionarios resaltaron que la democracia del país "ha demostrado su capacidad para resolver sus diferencias de manera predominante, mediante el diálogo, la negociación y el fortalecimiento del Estado de Derecho".

"Abogamos porque se avance con más rapidez y determinación en los debates que ya tienen lugar en la Asamblea Legislativa en materia de reformas al reglamento legislativo y a la jurisdicción constitucional", indica el texto.

Agrega que "Costa Rica puede demostrar, una vez más, que su democracia cuenta con los instrumentos para promover las reformas que sus instituciones necesitan y que sus ciudadanos demandan".

El pasado 15 de noviembre una mayoría calificada (38 diputados), encabezada por el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), votó en contra de la reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, quien se ha caracterizado por sus votos en contra a grandes proyectos económicos y políticos en los últimos años.

La polémica explotó cuando el jefe de la fracción legislativa del PLN, Fabio Molina, justificó la decisión al decir que era "el momento de dar un golpe al timón para buscar gobernabilidad" y "una llamada de atención a la Corte (Suprema de Justicia)".

El presidente de la Corte Suprema reaccionó días después y calificó la actuación de los diputados como "una clara amenaza a la independencia judicial y a los cimientos de la democracia", y "una burda excusa para buscar una línea de pensamiento y actuación complaciente".

El 20 de noviembre la Sala Constitucional restituyó en el cargo al magistrado Cruz, mientras resuelve un recurso de amparo contra la votación que impidió su reelección.

El recurso fue presentado por el diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman, quien argumentó que la votación en el Congreso fue extemporánea.

En la declaración suscrita hoy, los presidentes de los tres poderes hicieron un llamado para que "todos los grupos sociales, económicos y políticos del país se sobrepongan a sus diferencias y confluyan en un debate serio y constructivo que conduzca al remozamiento de nuestras instituciones públicas y con ello, al fortalecimiento de nuestra democracia".