Buenos Aires, 11 dic (EFE).- La argentina Susana Trimarco, una "madre coraje" que se ha convertido en emblema de la lucha contra las redes de trata de personas en su país, no logró hoy hacer justicia por el secuestro de su hija, María de los Ángeles Verón, quien permanece desaparecida.

Un tribunal oral de la norteña provincia argentina de Tucumán absolvió a los trece imputados por la "sustracción, retención y ocultamiento agravado" de "Marita Verón", cuyo caso ha conmocionado al país.

"Este es un acto de corrupción", dijo a la prensa el abogado de la querella José D'Antona tras escuchar el veredicto junto a Susana Trimarco, madre de Marita, secuestrada el 3 de abril de 2002.

En el momento de su desaparición, María de los Ángeles tenía 23 años y una hija de 3, hoy al cuidado de su abuela.

Tanto la querella como la Fiscalía habían solicitado hasta 25 años de prisión para los imputados, quienes se habían declarado inocentes.

La lectura de la sentencia se demoró varias horas, durante las cuales Trimarco y su abogado quedaron en la calle, impedidos de ingresar al tribunal, lo que generó gran malestar en la querella y en las organizaciones de derechos humanos y funcionarios políticos que asistieron a la difusión del veredicto, cuyos fundamentos serán dados a conocer más adelante.

"En principio la actitud es vergonzosa. Sin hablar de la cuestión penal puntual del fallo y sus fundamentos, la actitud de la Justicia con la ciudadanía, particularmente con Susana Trimarco, fue vergonzosa", dijo el secretario de Política Criminal de Argentina, Juan Martín Mena, que estuvo presente en la lectura del fallo.

Entre los imputados estaban Víctor Ángel Rivero, sindicado como el presunto autor material del secuestro, y su hermana María Jesús Rivero, acusada como autora intelectual del rapto.

También fueron absueltos Irma Lidia Medina y sus hijos, Gonzalo y José Gómez, propietarios de prostíbulos en la vecina provincia de La Rioja adonde, según había expuesto la Fiscalía durante este juicio, fue llevada la víctima.

Asimismo, fueron exculpados Daniela Milhein, quien presuntamente habría retenido a "Marita" en su casa antes de ser enviada a La Rioja, y su expareja, Alejandro González.

También fueron absueltos Humberto Derobertis, Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez y Domingo Andrada, imputados en el juicio como presuntos partícipes secundarios en el caso.

En este juicio, han testificado, entre otros, víctimas de redes de trata liberadas y que aseguraron haber sido compañeras de cautiverio de la joven en locales de diversos puntos del país donde eran drogadas y obligadas a prostituirse.

También testificó la propia Trimarco, quien es reconocida internacionalmente por la lucha contra la trata de personas a partir del caso de su hija y que el pasado domingo fue galardonada por la presidenta argentina, Cristina Fernández, por su defensa de los derechos humanos.

Trimarco llegó a hacerse pasar por prostituta en la búsqueda desesperada de obtener datos sobre el destino de su hija, que permanece desaparecida.

En esa búsqueda, a pesar de las pistas falsas y amenazas de muerte, descubrió evidencias de redes de trata que operan en las provincias argentinas de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz y ha logrado rescatar a más de un centenar de víctimas.

Trimarco creó en octubre de 2007 una fundación que acoge a víctimas de la trata de personas y lucha por la recuperación de cerca de 600 personas que fueron secuestradas por traficantes y son buscadas por sus familiares.

En 2007 esta mujer recibió el Premio Internacional a las Mujeres con Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de EE.UU. y este año un grupo de organizaciones argentinas inició una campaña para promover la candidatura de Trimarco para el premio Nobel de la Paz.

Su cruzada, que también ha sido reconocida por el Parlamento Europeo, el Gobierno argentino y diversas organizaciones humanitarias a nivel internacional, inspiró hace cuatro años una exitosa telenovela, "Vidas robadas", que concienció sobre un fenómeno del que hasta entonces hablaba poco la opinión pública argentina.

Desde abril de 2008, Argentina cuenta una ley específica contra la trata de personas, que prevé penas que van de tres a quince años de prisión.