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La oposición venezolana consigna ante la OEA su propuesta de ley de amnistía
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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas, 4 feb (EFE).- La oposición venezolana consignó hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el proyecto de ley de amnistía para los considerados "presos políticos" que discute con el Gobierno, tras haber denunciado que las gestiones se dificultaron desde que el presidente, Hugo Chávez, fue hospitalizado en Cuba.

El diputado que lidera la iniciativa, Edgar Zambrano, hizo entrega del proyecto de Ley de Amnistía Nacional y de Reconciliación Política en la sede de la OEA en Caracas al destacar que el organismo puede tener "un papel importante en coadyuvar a prisioneros y exiliados" mediante "una intermediación ante las instancias del Ejecutivo Nacional".

En noviembre pasado, Gobierno y oposición se reunieron para empezar a abordar la posibilidad de una amnistía que permita la liberación y retorno al país de los que la oposición considera como presos políticos y exiliados.

Zambrano manifestó su confianza en que la OEA pueda "sensibilizar la decisión que debe tomar el Ejecutivo" sobre el tema, luego de que denunciara a principios de enero que el estado de salud de Chávez, hospitalizado en La Habana desde hace casi dos meses, ha dificultado las gestiones.

"La distancia entre el Ejecutivo Nacional y estos compatriotas, está medida por la voluntad política y democrática ejercida por las partes, actuando sin reservas, concretando inteligentemente cómo resolver un problema convertido en petitorio nacional dadas sus connotaciones humanitarias", manifestó el legislador, según un comunicado.

El pasado viernes, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, consideró que el vicepresidente, Nicolás Maduro, se convirtió en "verdugo" de los considerados presos políticos por haber declarado que no "puede haber impunidad" para los responsables del golpe que en 2002 derrocó brevemente a Chávez como el excomisario Iván Simonovis.

En julio de 2011 Chávez señaló que los "políticos presos, que no es lo mismo que presos políticos", que estuvieran enfermos merecían beneficios penitenciarios independientemente del delito cometido, y pidió a los jueces proceder en consecuencia tras lo cual fueron liberados los comisarios Julio Rodríguez y Lázaro Forero, así como Alejandro Peña Esclusa.

Rodríguez y Forero habían sido condenados por algunas de las 19 muertes registradas durante el golpe de 2002, mientras que Peña Esclusa fue imputado en 2008 por ocultamiento de explosivos y asociación para delinquir.

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