Managua, 20 feb (EFE).- La opositora Bancada Democrática Nicaragüense pidió hoy a la directiva del Parlamento crear una comisión especial para investigar la "represión policial" contra un grupo de mineros artesanales de un municipio del centro del país, que reclaman una millonaria indemnización por sus propiedades a una compañía canadiense.

La solicitud fue presentada ante la primera secretaría del Parlamento, controlada por el oficialismo, por los legisladores liberales Alberto Lacayo y Elman Urbina, en nombre de la bancada.

Lacayo explicó a periodistas que piden la creación de una comisión especial que investigue los sucesos ocurridos hace 11 días en el municipio Santo Domingo, provincia de Chontales, "sobre el caso de los mineros artesanales que han sido reprimidos por tropas especiales de la Policía Nacional".

En el escrito, los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense expusieron que el pasado 9 de febrero ocurrió un "enfrentamiento" entre policías antidisturbios y mineros artesanales, "que dejó como resultado decenas de personas lesionadas, algunas graves".

También la acusación de 37 mineros artesanales, incluidos 12 que se encuentran detenidos.

Según los diputados opositores, "lo ocurrido en Santo Domingo en contra de la población y de los mineros artesanales es una clara violación a los derechos humanos y civiles".

Los legisladores aseguraron que la demanda de los mineros está sustentada en los daños ambientales que produce la compañía minera canadiense B2Gold, y que se trata además de un asunto laboral y de derechos humanos.

"La Policía llegó disparando, maltratando a la gente, producto de eso anda huyendo mucha gente, hay detenidos y sigue militarizado el municipio", denunció el diputado Urbina, residente en esa provincia.

Lacayo anunció que los diputados de la Bancada Democrática visitarán el próximo miércoles ese municipio para documentarse mejor sobre ese caso.

La solicitud opositora fue respalda y firmada por los diputados Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Agustín Jarquín, independiente, que no hacen mayoría en el Congreso, que está controlado por los sandinistas.

Los 12 mineros detenidos fueron acusados en el municipio de Santo Domingo a petición de la compañía B2Gold, denunció hoy Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Según Flores, la justicia local reprogramó para mañana una audiencia prevista para este miércoles a petición de B2Gold, bajo el alegato de que deseaban entrar a un diálogo con los mineros.

La compañía B2Gold, originaria de Vancouver (Canadá), ha dicho que continúa buscando un diálogo con los mineros artesanales.

El enfrentamiento entre policías y mineros que bloquearon la entrada al municipio de Santo Domingo dejó el 9 de febrero pasado un saldo de 31 civiles y 17 agentes heridos, según la Policía.

Los mineros exigen 38 millones de dólares como indemnización para abandonar las propiedades de donde extraen brozas de oro y que fueron cedidas por el Gobierno de Nicaragua a la compañía canadiense B2Gold.