San Salvador, 22 feb (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que en 2012 desató polémica por intervenir en la crisis por la anulación de la elección de magistrados salvadoreños.

La Sala anunció mediante un comunicado que "admitió una demanda de inconstitucionalidad", específicamente contra un artículo del Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y otro del estatuto de creación de la CCJ, sin precisar quién ni cuándo se presentó el recurso, aunque según medios locales fue un abogado salvadoreño en 2012.

Añadió que en la demanda se rechazan esos artículos "por supuestamente contrariar a lo establecido" en varias disposiciones de la Constitución de El Salvador, vigente desde 1983.

El Protocolo de Tegucigalpa reformó la carta de la antigua Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) para dar paso al actual Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tiene su sede en San Salvador.

La CCJ también fue creada en 1991 y cuenta con seis magistrados de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La Sala de lo Constitucional salvadoreña indicó en el comunicado que analizará "si la creación de la CCJ implicó para El Salvador una integración con los países suscriptores del protocolo y del estatuto y, por lo tanto, si se requería una consulta popular previa".

Asimismo, estudiará si la CCJ afecta la soberanía de El Salvador y la "exclusividad" de las funciones del Poder Judicial salvadoreño, según la nota oficial.

La Sala, que no tiene plazo para resolver sobre el recurso, dio 10 días a los poderes Ejecutivo y Legislativo para argumentar la constitucionalidad de los artículos objetados en la demanda.

A petición de la Asamblea Legislativa salvadoreña, el año pasado la CCJ intervino en la crisis generada por dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que anularon las elecciones de magistrados de la CSJ hechas por el Parlamento en 2006 y 2012.

En medio del rechazo de varios sectores salvadoreños a su intervención, la CCJ declaró inaplicables los fallos de la Sala, que el Parlamento desconoció para luego acudir al organismo regional.

La crisis, que comenzó el 5 de junio de 2012, culminó el 20 de agosto siguiente con la firma de un acuerdo entre el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y los partidos políticos.