¿POR QUÉ LOS SICARIOS QUEMARON LOS 43 CUERPOS?

La pregunta es simple, las consecuencias cínicas. Durante años los narcotraficantes dejan los restos de sus víctimas a un lado del camino o sepultados en fosas comunes. Incinerar casi medio centenar de personas, meter los restos en bolsas y trasladarlos a la cuenca de un río, supone tomarse molestias desacostumbradas.

Científicos de la UNAM señalaron la imposibilidad física de que los cuerpos hubieran sido cremados en el basurero de Cocula, como han sostenido las autoridades, precisando que se habrían necesitado hornos crematorios. Los académicos exigen que se investigue la actividad reciente de los crematorios del Ejército en la región. 

Los científicos argumentan que sería imposible ocultar los residuos de los combustibles y materiales necesarios para convertir en cenizas los restos óseos de tantas víctimas en un lugar abierto. 

La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, expone el estudio del Instituto de Física de la UNAM. Además, la cremación de 43 cadáveres en esas condiciones emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda, lo cual no fue percibido por los vecinos de la región.

Regresamos a la pregunta: ¿quién tiene los medios físicos y las razones para desaparecer 43 cuerpos de los jóvenes estudiantes en materia de horas mientras eran buscados por sus familiares? 

Entre más conocemos detalles del cártel Guerreros Unidos, supuestos responsables de la matanza, escuchamos con más escepticismo la tesis oficial. Y no porque a los sicarios en cuestión les falte salvajismo para perpetrar una brutalidad de esta magnitud. Resulta difícil atribuirles las habilidades para ser magos capaces de esfumar medio centenar de personas y mantener el silencio sobre la manera en que llevaron a cabo semejante faena.

El Ejército en respuesta al documento de la UNAM, asegura no contar con crematorios en la región, aunque omite cualquier mención a la posibilidad de que se investigue los consumos de gas entre el 26 y el 28 de septiembre en hospitales y otras instalaciones militares de la zona, como había solicitado el estudio de los forenses. Activistas, familiares e investigadores universitarios han solicitado a la PGR [Procuradoría General de la República] que se abra una línea de indagación sobre los militares.

Los analistas políticos y la opinión pública carecen de elementos concretos para dar por buena cualquiera de las hipótesis. Pero también es cierto que ninguna puede descartarse, incluyendo la del Ejército. 

Dos meses antes los militares asesinaron en Tlatlaya a 22 personas sometidas, luego de una operación en contra de drogas. Están documentados los intentos de las autoridades civiles del Estado de México para ocultar la responsabilidad del Ejército, incluyendo las declaraciones exculpatorias por parte del gobernador Eruviel Ávila, las torturas de testigos y la reserva legal de 12 años para impedir el acceso a la información de esa tragedia. Es decir, la maquinaria del Gobierno mexicano a tope para impedir que se ventile un crimen de Estado.

El caso de Ayotzinapa sería aún más grave toda vez que las víctimas son participantes de una manifestación política disidente. Las implicaciones nacionales e internacionales de un escándalo de esta magnitud podrían ser incalculables. No hay evidencias concretas de la responsabilidad del Ejército, hasta ahora, pero tampoco satisface a nadie las versiones oficiales sobre la culpabilidad del crimen organizado.

 

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