LA LEY ANTICORRUPCIÓN DE MÉXICO CASTIGARÁ TAMBIÉN A PARTICULARES
CONGRESO APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS EN MEDIO DE LAS POLÉMICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL GOBIERNO
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Uno de los pilares del gran consenso alcanzado por el Gobierno de Peña Nieto al comienzo de su legislatura fue el combate contra la corrupción. El llamado Pacto por México recogía el compromiso de revisar a fondo los sistemas de supervisión y rendición de cuentas públicas en un intento de atajar uno de los males endémicos del país. 

Más de dos años después, y en medio de las recientes polémicas por supuestos conflictos de interés que apuntan al presidente y a su grupo cercano, el paquete de reformas contra la corrupción echó por fin a rodar. 

Una nueva instancia judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tendrá la potestad de sancionar tanto a funcionarios públicos –que podrán ser perseguidos durante un plazo máximo de siete años– como a empresas privadas y particulares. 

Entre las medidas, que aún han de ser ratificadas en el pleno del Congreso, destaca la creación de la Fiscalía Anticorrupción, encuadrada orgánicamente dentro del TFJA,  funcionará como una plataforma más del poder judicial en una clara tentativa de poner distancia entre el Gobierno y las investigaciones por corrupción, que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República (PGR).

Organismos de supervisión como la Auditoría Superior de la Federación verán reforzadas sus competencias, al entrar a fiscalizar también ahora recursos de los Estados como la recaudación de impuestos, las retribuciones de su personal y los contratos con terceras empresas. 

El texto aprobado establece que podrá intervenir, suspender actividades y hasta disolver empresas involucradas en casos de corrupción. En el caso de los particulares también establece sanciones como la inhabilitación para participar subvenciones o programas de ayuda pública.

Tanto Enrique Peña Nieto como su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se han visto recientemente salpicados por las polémicas compras de inmuebles a empresarios que a su vez fueron beneficiados con contratos millonarios de la Administración. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos adquirieron en 2012 viviendas a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con el presidente y su entorno.

 

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