LA ADMINISTRACIÓN OBAMA DEFIENDE LA DETENCIÓN DE FAMILIAS INMIGRANTES
EL GOBIERNO RESPONDE A UN FALLO JUDICIAL EMITIDO EN JULIO QUE LE OBLIGA A LIBERAR A LOS MENORES EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN
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El Gobierno de Estados Unidos quiere mantener los centros de detención para niños y familias de inmigrantes que abrió ante la crisis que provocó la oleada de migrantes indocumentados centroamericanos llegados el año pasado. Así lo constata en un documento presentado en la madrugada del viernes 7 ante la Corte Central de Distrito en California.

En julio, ese tribunal había dictaminado que el Gobierno violó el fallo “Flores versus Meese” de 1997, que prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos de atención y que exige también que se dé prioridad a lu puesta de los menores bajo la custodia de un familiar o guardián legal. La decisión de la juez californiana Dolly Gee tiene el potencial de obligar al gobierno a liberar a gran parte de las familias detenidas en centros como los de Karnes y Dilley, en Texas.

Ahora, el Departamento de Justicia (DPJ) ha apelado el dictamen de la juez Gee, a la que le pide que reconsidere su fallo. En su respuesta, el Gobierno asegura que se han implementado una serie de cambios sobre el funcionamiento de este sistema de detención. También advierte de que la liberación de familias podría impulsar una nueva oleada de inmigrantes indocumentados.

“Las políticas destacadas por la corte han sido eliminadas y el periodo de detención de familias en estos establecimientos se ha acortado dramáticamente”, asegura el documento oficial. Antes de que se conociera la decisión de la juez de California, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, ya había ordenado en junio que se redujera el tiempo que las familias indocumentadas deben permanecer detenidas en los centros de detención.

Más aún, el Gobierno aseguró que está procesando a las familias de manera eficiente, realizando evaluaciones de salud y vacunaciones, facilitando la asesoría legal y evaluando si los miembros de la familia son elegibles para algún tipo protección. En vista de la implementación de este tipo de cambios, el Gobierno quiere que la juez reconsidere su decisión.

Pero abogados y organizaciones de derechos civiles, afirman que la defensa del DOJ está repleta de mentiras y que están manipulando los datos. Las personas siguen detenidas por largos periodos, y muchos tienen problemas médicos.

El DOJ especifica en su respuesta judicial que la detención de familias estará enfocada en las personas que no califiquen para obtener asilo u otras protecciones, además de quienes están en trámite de deportación. También indicó que liberaría en un promedio de 20 días a quienes califican para obtener protecciones bajo la ley estadounidense.

Estados Unidos paga alrededor de $243 dólares por persona detenida por día. La directora del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Sarah Saldaña,  insistió en que se están usando alternativas a la detención como brazaletes de monitoreo, aunque también hay quejas por la estigmatización que conlleva una práctica usada generalmente para supervisar a criminales.?

 

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