ESTADOS UNIDOS NO CUMPLE EL PLAZO PARA LIBERAR A MENORES MIGRANTES
CASI 2.000 MENORES Y SUS MADRES SIGUEN DETENIDOS EN TEXAS

El plazo fijado por la juez Dolly Gee de California, para que el Gobierno estadounidense libere a los menores de los centros de detención para familias abiertos tras la oleada de inmigrantes centroamericanos del año pasado se cumplió el viernes 23 sin que hubiera señales visibles de que las autoridades están cumpliendo la ordenanza.

La decisión de la juez era clara: el Gobierno tenía hasta este 23 de octubre -después de haber concedido una extensión del plazo- para poner en libertad a los menores indocumentados recluidos por más de 20 días.

El fallo de la magistrada en julio, determinó que al enviar a los menores y sus familiares a centros de detención tras su aprehensión en la frontera, en algunos casos por más de un año, EE UU está violando el acuerdo “Flores versus Meese”. Esta decisión, que data de 1997, prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos y que exige también que se dé prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardián legal.

Los centros de Karnes y Dilley en Texas son los que alojan la mayoría de los casos afectados por la orden judicial. Actualmente hay 394 personas en Karnes y 1.578 en Dilley, según datos del gobierno. 

En un informe presentado en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica duramente tanto las condiciones en esos centros como la práctica oficial de detener de forma “arbitraria y automática” a los menores y sus familiares que cruzan ilegalmente la frontera.

Cerca de 195 familias han permanecido en estos centros por más de 20 días.

Las autoridades federales, que han objetado la decisión de la juez Gee, se han aferrado a una de las cláusulas del fallo de la magistrada para intentar evitar tener que poner en libertad a los indocumentados retenidos en estos centros.

En su fallo, Gee especifica que, si los menores no pueden ser liberados y puestos en manos de un familiar, deberán permanecer en establecimientos con licencia para cuidado infantil. En Texas, el responsable de otorgar estas licencias es el Departamento de Familias y Protección. En septiembre, emitió una norma de emergencia que exime del cumplimiento de estándares mínimos a los centros de Karnes y Dilley, que están administrados por empresas privadas. Entre otros, la decisión estatal les permite a estas empresas no cumplir las normas de separar la residencia de niños y niñas ni permitir más de cuatro personas por habitación, entre otras condiciones.

De este modo, el estado puede convertir los centros de Karnes y Dilley en establecimientos con licencia para el cuidado infantil, con lo que sobre el papel estaría cumpliendo con la decisión de la juez Gee.

Mientras decenas de familias están siendo trasladadas desde los centros de detención en Texas a un tercero situado en Pensilvania, pero fuentes del Gobierno consultadas al respecto no quisieron confirmar ese extremo. 

 

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