CORTE SUPREMA DA ESPERANZA A BENEFICIARIOS DE DAPA Y DACA
MAGISTRADOS  RECHAZAN PETICIÓN DE TEXAS QUE PRETENDÍA RETARDAR UN FALLO HASTA EL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA
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La Corte Suprema acercó al presidente Obama para obtener un veredicto final antes de dejar la Casa Blanca en 2017, sobre su medida ejecutiva que protege de la deportación a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados a través de los programas conocidos como DACA y DAPA.

Los magistrados rechazaron petición de Texas para que se le otorgara un mes más para responder a la solicitud del Departamento de Justicia afín de que el máximo tribunal del país escuche el caso, dejando abierta la posibilidad de que el fallo sobre estos programas creados a través de una controversial acción ejecutiva de Obama se emita antes de la primavera del próximo año.

La Corte dio a Texas solo ocho días adicionales, por lo que deberá responder (hasta el 29 de este diciembre), lo que le da tiempo a los magistrados a realizar la audiencia en enero y tener los argumentos orales y su fallo final en la primera mitad de 2016.

En juego están los programas iniciados en 2012 para proteger de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran menores de edad (DACA), una medida que la acción ejecutiva emitida en noviembre de 2014 pretende ampliar para dar protección a unos 4 millones de padres indocumentados que tienen hijos estadounidenses (DAPA), dándoles permiso de trabajo y un número de seguro social por un periodo de tres años que puede ser renovado.

El tiempo es crítico para ambas partes. Si la Corte Suprema toma el caso y falla a favor de Obama para junio, su administración tendría siete meses para comenzar a implementar el programa antes de que Obama concluya su mandato. Pero, si el caso se pospone para el siguiente período de audiencias de la Corte Suprema, es casi improbable que el fallo se emita antes de que entre el nuevo presidente y, de ser un republicano, lo más seguro es que eliminaría la acción ejecutiva.

Una coalición de 26 estados que tienen gobernadores republicanos, liderados por Texas, han argumentado que Obama no tiene autoridad para proteger a un tercio de la población indocumentada sin la aprobación del Congreso.?

 

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