CORTE SUPREMA DIVIDIDA ANTE LAS ÓRDENES EJECUTIVAS MIGRATORIAS DE OBAMA
EL TRIBUNAL ATENDIÓ EL LUNES 18 LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE PARA REGULARIZAR A CASI CINCO MILLONES DE INDOCUMENTADOS
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Uno de los pilares de la política doméstica del presidente  Obama, las ordenes ejecutivas migratorias que anunció en 2014 y que podría regularizar a casi cinco millones de indocumentados, llegó el lunes 18 al Tribunal Supremo, donde los ocho magistrados se mostraron divididos sobre su legalidad. Los magistrados escucharon los argumentos a favor y en contra de un caso que será resuelto en junio y cuya sentencia puede tener un profundo impacto en la campaña electoral 2016 por la presidencia y marcar el legado de Obama.

En el centro del caso están dos cuestiones. La primera es si el Estado de Texas, el primero en presentar una querella contra las órdenes de Obama a la que se han sumado otros 25 Estados (incluido Arkansas), tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si el presidente se extralimitó en sus competencias al decidir que se cancelasen las deportaciones de un grupo específico de sin papeles y otorgarles después un permiso de trabajo y residencia temporal.

Tras ser cancelada su deportación, ese grupo de inmigrantes tendría acceso, por ejemplo, a permisos de conducir expedidos por los Estados donde viven. Texas asegura que esto constituye un perjuicio porque deberá esos permisos para manejar serian costeados con dinero público. 

El presidente de la Corte, John Roberts, recogió este argumento al poner en duda si el hecho de que Texas “pierda dinero” al costear esos permisos no “sea un caso básico de legitimidad” para presentar esta demanda.

El juez conservador Samuel Alito también se mostró favorable a esta posición al pedir al abogado defensor del Gobierno, que explicara “cómo esto no supone un perjuicio en este caso”. 

Por otra parte las tres jueces progresistas mujeres, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Ginsburg, lideraron las preguntas a los abogados defensores de la demanda. Según Sotomayor, un mandato del presidente Ronald Reagan en 1986 (IRCA), regularizó al 40% de la población indocumentada, pero los programas de Obama no beneficiarán a más del 35% de los 11,4 millones de sin papeles.

Los abogados demandantes alegaron  entonces que Obama se extralimitó en sus competencias al ir más allá de cancelar las deportaciones porque su programa, conocido como DAPA, convierte a una persona que vive de manera ilegal en el país, en un “residente legal”. 

Las jueces progresistas enfatizaron en varias de sus preguntas que la legislación estadounidense contempla esta posibilidad, pero el abogado demandante  insistió en que la concesión de un permiso de trabajo es competencia única del Congreso.

Este argumento puede haber convencido al juez Anthony Kennedy, uno de los votos decisivos en este caso. “El presidente está creando una política y el Congreso entonces es el encargado de ejecutarla, pero eso debería ser al revés”, dijo Kennedy, que pidió a los defensores del Gobierno que explicaran cómo, de ser así, Obama no se estaría excediendo en sus competencias.

La Administración Obama no considera que DAPA sea equivalente a una ley de inmigración y que no está asumiendo poderes que corresponden al Congreso, sino que simplemente indica al Departamento de Seguridad Nacional cuales indocumentados constituyen el grupo de “baja prioridad” de cara a las deportaciones. 

La Casa Blanca asegura que el presidente puede decidir cómo aplicar las leyes de inmigración y que durante los últimos 50 años, distintos presidentes han aprobado más de 20 normativas similares, que después han sido ratificadas por el poder legislativo.

La ley estadounidense establece que es el Congreso quien debe regular en materia de inmigración, pero contempla un margen de actuación, cuyos límites puede definir este caso, para decidir, por ejemplo, cuál es el orden de prioridad en las deportaciones. 

Para la Casa Blanca, Obama empleó esta autoridad cuando decidió que ni los Dreamers ni los padres indocumentados de menores estadounidenses deben ser expulsados del país y que, para evitar que queden en un limbo legal, se les entregue un permiso de trabajo y residencia.

En otra de sus intervenciones, Sotomayor aseguró que 10,9 millones de indocumentados permanecerán en el país “lo queramos o no”, porque el Congreso solo ha previsto el presupuesto para expulsar a 4 millones. 

La reforma de Obama, aprobada en noviembre de 2014 en respuesta al bloqueo republicano en el Congreso a las reformas de inmigración, creó un programa conocido como DAPA y que concede un permiso de residencia y trabajo temporal a los padres indocumentados de niños estadounidenses que demostrasen haber residido en Estados Unidos más de cinco años y, entre otros requisitos, carecieran de antecedentes penales. El decreto de Obama también ampliaba los términos de DACA, creado dos años antes para cancelar las deportaciones y entregar los mismos permisos a más de un millón de Dreamers, como se conoce a los estudiantes indocumentados.

La reforma migratoria es uno de los casos que se verán afectados por el fallecimiento del juez conservador Antonin Scalia, el pasado febrero que dejó a la Corte con sólo 8 magistrados en lugar de los 9 tradicionales. Un empate a cuatro votos hará prevalecer la sentencia de la Corte de Apelaciones que dictaminó en contra, por lo que las reformas seguirían bloqueadas. 

También cabe la posibilidad de que el Supremo rechace la viabilidad de la demanda porque estime que Texas no ha demostrado que le afecte directamente la regulación de indocumentados ni que Obama se haya extralimitado en sus competencias. Cualquiera de estos dos últimos casos resultaría en un dictamen favorable a la reforma, que entraría en vigor inmediatamente. Obama cerraría así su presidencia con el legado de haber sacado de las sombras a casi cinco millones de personas.?

 

Edición de esta semana
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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