Fraudes de regularización inmigratoria se aprovechan de esperanzados
Por Michel Leidermann
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La confusión existente entre la ciudadanía sobre la marcha de las negociaciones en el Congreso de los EUA sobre una posible reforma de inmigración, tiene a todos desorientados sin saber a ciencia cierta que pasará.
Según muchos comentaristas políticos, el asunto de los 12 millones de indocumentados es una “papá tan caliente” que los legisladores no quieren tocarla, justamente por miedo a quemarse con sus simpatizantes y correr el riego de perder las elecciones el próximo 7 de noviembre.
Lo más probable es que las únicas reformas que pasen, son las de mayor control en las fronteras y más responsabilidad para los empleadores en verificar la legalidad de las personas que contratan.
De esa confusión se están aprovechando algunos sinvergüenzas para venderles la idea a muchos latinos indocumentados, de que se está preparando una lista para meter los papeles de regularización en cuanto el Congreso apruebe la reforma.
Nada más falso. Nada de eso es cierto porque no hay reforma todavía, y de haberla en el futuro, no se sabe como será y a quienes beneficiará o perjudicará, ni que tipo de trámites habrá que realizar y si se podrá hacer directamente o necesariamente a través de un abogado.
Estos delincuentes están cobrando hasta $3,000 para poner a los indocumentados en una lista de espera. Un fraude que debe ser denunciado de inmediato.
En ciertos estados nuevas leyes se enfocan en los “asesores de inmigración” que se embolsillan grandes sumas de dinero por trabajos que a veces perjudican a sus clientes, en lugar de ayudarlos.
Algunas de estas leyes imponen fuertes multas y permiten la detención de individuos negligentes que no están autorizados a atender a inmigrantes y autorizan a las fiscalías estatales a perseguir a quienes estafan a inmigrantes.
A menudo los inmigrantes acuden a gente dentro de su propia comunidad para pedir ayuda.
Los problemas se presentan cuando asesores mal informados que les cobran honorarios se meten “y lo complican todo”. Errores en las solicitudes, planillas enviadas a direcciones equivocadas y solicitudes entregadas con retraso pueden traer problemas tan serios como la deportación.
Además se ha denunciado que decenas de miles de personas en Texas y un número indeterminado en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, han sido estafados por personas que ofrecen obtenerles la residencia o ayudarlos a acogerse a una amnistía inexistente.
En Texas ya han sido clausurados 40 negocios que estafaban a personas de esta forma y en la ciudad fronteriza de El Paso se han cerrado ya cuatro.
No es posible determinar el número de personas afectadas, pero en un solo caso pudo haber miles de víctimas, señalaron las autoridades de Texas.
Este tipo de fraude tiene como su blanco a gente que desconoce el sistema norteamericano, como inmigrantes indocumentados recién llegados o residentes del lado mexicano de la frontera, interesados en obtener la residencia estadounidense.
Sin embargo, en la actualidad el fraude también se produce mucho en ciudades con grandes concentraciones de inmigrantes, como Houston y Dallas.
Entre las víctimas más corrientes de estos fraudes se cuentan los inmigrantes indocumentados, a quienes despojan de sus ahorros con la falsa promesa de arreglarles la condición migratoria.
Las modalidades de los estafadores son muchas y los hay que se anuncian como notarios públicos, aprovechándose de que en México éstos son abogados especializados.
Otros se dicen funcionarios del Servicio de Inmigración y hay los que ponen a sus compañías nombres engañosos.
Los que deseen ajustar su condición migratoria deben acudir a instituciones acreditadas, como los servicios para inmigrantes adscritos a las diócesis católicas, o, si tienen recursos económicos, contratar a un abogado de inmigración.
Por esas mismas razones, los notarios públicos no pueden efectuar ningún trámite de inmigración en los EUA.
La ley de Arkansas obliga a las personas que se anuncian en español como “notarios públicos” y siempre que en realidad sean notarios licenciados (Notary Public) por el estado, que aclaren en todos los anuncios o letreros, en inglés y en español, que ellos no son abogados, y que no pueden dar accesoria legal sobre inmigración (no se aplica a los abogados que son miembros del Colegio de Abogados (Bar) en Arkansas).
En América Latina un notario es un funcionario de alto rango como un juez o un abogado, y además debe aprobar una serie de exámenes que certifiquen que puede preparar contratos, dar asesoría legal, intervenir en disputas legales, y archivar documentos.
En los Estados Unidos, un Notary Public es un servidor público autorizado por los gobiernos estatales sólamente para “testificar” las firmas de documentos importantes y para tomar juramentos. El notario como testigo imparcial del acta, sólamente identifica a los firmantes para evitar impostores y asegurar que los firmantes son las personas legítimas y no impostores y lo hacen de forma voluntaria y en conocimiento y entendimiento pleno del documento que van a firmar.
Los Notary Public no son responsables de verificar la exactitud o legalidad de los documentos que legalizan. La identificación de los firmantes se hace por medio de un documento autorizado, tarjeta de identidad o licencia de conducir con foto, o por la descripción física y firma.
Por ahora, en el caso de inmigración, sólamente algunos documentos necesitan ser notariados como ser las declaraciones de mantenimiento (1-134 y 1-864). Las autoridades de inmigración no aceptan que terceras personas llenen los formularios, excepto si son abogados o representantes acreditados de la Migra (USCIS) como los que trabajan en las Caridades Católicas. Los Notary Public pueden hacer traducciones y ayudar a llenar los documentos, pero NO pueden dar accesoria legal ni de inmigración.
Es MUY importante que las personas que necesiten asesoría legal, utilicen los servicios de un abogado. Los notarios no están preparados ni autorizados para dar este tipo de consejo legal ni de inmigración.
Se puede obtener información oficial del gobierno sobre inmigración en la Internet en el portal: www.uscis.gov
Cualquier fraude o actividad ilegal debe denunciarse a la policía o a la oficina del Procurador General de Justicia de Arkansas al teléfono 501-682-2341 o desde cualquier punto del estado llamando gratis al 1-800-482-8992.
Para hacer una denuncia en español, llame al 501-683-3130.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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