LA CORRUPCIÓN EN VERACRUZ SUMA UN CAPITAL QUE DISTA MUCHO DE SU SALARIO COMO FUNCIONARIO PÚBLICO
JAVIER DUARTE LOGRÓ COMPRAR INMUEBLES EN TEXAS A NOMBRE DE LA ESPOSA, CUÑADO Y MADRE
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Hace tiempo que el ex secretario de Seguridad Pública y gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra en el ojo del huracán de acusaciones en su contra a causa de desvío de dineros públicos y asociación con el crimen organizado mucho antes de que su jefe de policía, Arturo Bermúdez, dejara el cargo para enfrentar a la justicia.

Con casas millonarias como 19 inmuebles en el complejo residencial The Woodslands Creekside Park y otros en Houston, Texas, a nombre de la esposa, del cuñado y de la madre, suman un capital que dista mucho de su salario como funcionario público. 

Este polémico funcionario dejó además una deuda pública por alrededor de $3,500 millones de dólares, 24 empresas a nombre de testaferros, 15 periodistas muertos y varios más desaparecidos y una larga lista de secuestros. 

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, quien encabeza la persecución de su antecesor, afirma que si “hay voluntad política” se puede hacer justicia para el estado desfalcado porque sobre estas propiedades hay escrituras públicas y pagos de impuestos que se pueden investigar para dar finalmente con la cabeza mayor de la maraña de corrupción: “Duarte”.

Según Yunes, Arturo Bermudez es un prestanombres del gobernador saliente (con sus respectivos beneficios) igual que su esposa y hermanos y Roberto Esquivel Hernández, que aparece como socio de 24 empresas para las que Duarte ordenó el pago de alrededor de $1,000 millones de dólares una vez que dejara la administración en diciembre.

Esta cifra representa casi una tercera parte del total de la deuda pública que el gobierno de Duarte (2010-2016) adquirió en polémicas circunstancias que él defendió para lograr “el crecimiento económico de Veracruz”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organización patrocinada por el empresariado mexicano que impulsó la mal lograda Ley 3de3 para que los funcionarios hagan publicas sus cuentas fiscales, patrimoniales y de intereses, se negó a publicar en abril pasado la declaración del gobernador por considerarlas tramposa.?

 

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