Once latinos son detenidos en el Country Club de Little Rock
Por Michel Leidermann
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Esta vez no fue una fábrica ni una planta procesadora de pollos, sino el prestigioso y aristocrático Country Club de Little Rock, ubicado en el 4200 Country Club Boulevard, en donde la Migra (ICE) detuvo el pasado miércoles 24 a once latinos que fueron llevados de inmediato a la cárcel del condado Pulaski.
Las versiones difieren por cada persona entrevistada por EL LATINO, ya sea porque falta información precisa o bien porque el pánico y la ansiedad se han apoderado de las familias de los detenidos.
Los familiares de los afectados suman 52 personas de las cuales, 27 son niños.
Las autoridades federales dijeron que culminando una investigación de robo de identidad, el ICE se hizo presente en el Country Club a eso de las 8 de la mañana y se llevó a 11 latinos acusados posteriormente en una audiencia del viernes 25, con crímenes graves (felonies) por uso indebido de tarjetas del seguro social pertenecientes a otras personas. Todos los detenidos se declararon “no culpables”.
El Fiscal Federal en Arkansas, Bud Cummins, dijo que esta redada no era por motivos de inmigración, sino por fraude de identidad y uso indebido de tarjetas de Seguridad Social, pero se negó a confirmar si todos los detenidos eran indocumentados o no. Sin embargo, posteriormente se supo que la totalidad de los acusados, no tiene papeles de residencia.
Los detenidos son los mexicanos Ismael Alcázar (25), Marco Alcázar Álvarez (47), Felipe Vásquez Coyotelcatl (30), Romeo de Jesús Rodríguez López (20), Jorge Marín Aguilar (20), Mario Mata Rendoni (22), José Sanchez Reyes (41), Trinidad Esquivel Ramirez (33), Sergio Hernández Ramirez (31), Edgar López López (43), y el hondureño Josué Bendeck (18).
Sin embargo algunos familiares han afirmado que ya algunos de los arrestados sabían que esto iba a suceder y que los gerentes del Country Club les advirtieron que no dijeran nada y que igual se presentaran a trabajar el miércoles por la mañana, porque si no lo hacían, sus familiares que también trabajaban en el Country Club, sufrirían con ellos y que el ICE los iría a buscar a sus casas.
Otra versión que circula dice que el Country Club tenía a 54 latinos trabajando, muchos de ellos indocumentados, y que se puso de acuerdo con el ICE para “facilitar” el arresto de algunos, un total de 14, a cambio de no tocar a los demás pues sino el Country Club se quedaría sin mano de obra e imposibilitado de funcionar.
Después de los arrestos la mayoría de los demás latinos han desaparecido del Country Club por temor a una nueva redada.
Así como están las cosas, cada detenido ha sido acusado individualmente de un crimen grave, cargo que es sumamente improbable que el gobierno federal desestime.
Lo que la defensora pública federal, Jennifer Horan, asignada al caso, está tratando de conseguir con la procuraduría federal, que todos los casos sean combinados en un uno sólo, y que la audiencia ante el juez sea realizada antes del día lunes 2 de octubre, fecha que por ahora sigue siendo la asignada.
Hasta esa fecha, los detenidos serán mantenidos en la Cárcel del condado Pulaski.
Es curioso que el próximo 12 de Septiembre habrá en todo el condado Pulaski, una votación especial para aumentar el impuesto a las ventas en 1/4% para pagar por la cárcel que según autoridades condales, ha tenido que dejar libres a criminales, algunos de los cuales eran reincidentes, por falta de presupuesto, al tiempo que reducía la capacidad en casi 600 personas, pero que sin embargo encontró sin problema, espacio suficiente para acoger a estos 11 indocumentados.
El abogado Guillermo Hernández, dijo que esperaba que el juez dictamine durante la audiencia, que los detenidos ya han cumplido su castigo en prisión por el delito de fraude como “tiempo servido” para poder iniciar de inmediato el proceso de “retorno voluntario” a su país de origen.
Otra versión dice que los gerentes del Country Club hicieron una lista de 14 meseros para atender un desayuno el miércoles temprano y avisó al ICE para que se llegara hasta el club. Tres de los citados al club, simplemente no se presentaron a trabajar.
Las autoridades tampoco avisaron de inmediato al cónsul de México en Arkansas, señor Andrés Chao, sobre la detención de sus connacionales según lo ordena la Convención Internacional de Viena, de la cuales son firmantes los Estados Unidos y México y que ordena que los representantes diplomáticos y consulares extranjeros sean notificados urgentemente cuando son detenidos, lesionados o muertos, sus conciudadanos.
Un latino socio del Country Club, Jay Freeman, dijo que los socios del antiguo y exclusivo club tenían gran simpatía por todos los detenidos que eran leales trabajadores y se esforzaban con cumplir con las necesidades del club de trabajar largas jornadas y hasta altas horas de la madrugada para servir a sus socios.
El Country Club de Little Rock reúne a las familias más antiguas y pudientes de la ciudad, entre ellos hasta dos jueces federales, y el propio presidente del club, el conocido abogado Byron Fermann, quienes están tratando de ayudar a los detenidos pleiteando con las autoridades federales para conseguir la sentencia más leve posible.
El miedo y la inseguridad cunden entre los familiares de los detenidos. El lunes 28 en la Diócesis Católica de Little Rock, se reunieron el cónsul Andrés Chao, y las funcionarias de Caridades Católicas, Sheila Gómez y Patricia Houlihan, con las madres y esposas de los detenidos, para informarles sobre la situación legal del caso y buscar una posible ayuda económica para mantener a las familias ahora que los hombres trabajadores no están ganando salario, al mismo tiempo que ir preparándose para un futuro regreso a México.
Las personas que quieran contribuir financieramente, pueden enviar sus cheques a las Caridades Católicas, 2500 N. Tyler, Little Rock, Arkansas 72207, a nombre de “Family Assistance Fund”. Estos fondos servirán para pagar las cuentas de agua, gas, electricidad, etc. que las familias afectadas presentan a las Caridades Católicas.
Claro está que la situación de los hijos de los detenidos es de gran preocupación para todos. La maestra Maria Costo de Hall High en Little Rock, dijo a EL LATINO que 2 hijos y 2 de sus primos están directamente afectados con los arrestos, pero que además entre los 120 estudiantes latinos de esa escuela secundaria, hay también mucha preocupación por futuras redadas. Agregó que varios estudiantes quisieran hablar con EL LATINO para explicar la injusticia que se está cometiendo con ellos y sus familias.
Dee Ann Newell de la organización “Arkansas Voices for Children Left Behind”, que lucha por niños que son separados de sus padres, está tratando de ayudar con la ansiedad producida por la situación, especialmente recordando la terrible situación creada en julio del 2005, cuando 119 latinos fueron detenidos por el ICE en la planta de Pollos Petit Jean en Arkadelphia, y debido a la cual, quedaron unos 30 niños separados de sus padres.
El domingo 27 pasado después de la misa en la iglesia San Eduardo, Juan Bustamante comenzó también una colecta para reunir dinero que ayude a las familias afectadas.
Igualmente el Country Club adeuda salarios y otros beneficios a los detenidos. El cónsul Chao, se reunió con el presidente del club, y lo hará de nuevo el viernes 1 de Septiembre, para recoger los cheques con las sumas adeudadas. A algunos de los detenidos se les adeuda hasta 2 de semanas de sueldo.
La esposa de uno de los detenidos, Paula (no damos su apellido por razones de seguridad), dijo a EL LATINO que ella y su esposo eran indocumentados al igual que sus 4 hijos, pero que sus 3 nietos son nacidos acá y ciudadanos estadounidenses, por lo que en caso de un retorno voluntario o una deportación, la familia entera sufriría muchísimo. Su esposo ya llevaba 10 años en Arkansas trabajando en diversos country clubes.
Mientras no haya una reforma integral de las leyes de inmigración que permita la residencia legal de millones de trabajadores, siempre habrá un grupo de personas que consideran a los indocumentados como criminales y buscan la forma de aplicarles la mano más dura de la ley, sin consideración al daño que causan a sus familias, a los niños inocentes, y hasta a los propios empleadores, que como en el caso del Country Club de Little Rock, se quedó sin trabajadores para atender a sus pudientes e influyentes socios.
Los inmigrantes que vienen a trabajar no son criminales. Vienen para mejorar la vida de sus familias y sin malas intenciones de causar daños a bienes o personas en el país, como lo hacen los terroristas
Es de esperar que los jueces sean muy humanos y caritativos al aplicar las leyes y den a estas familias una posibilidad de rehacer sus vidas aunque sea fuera de los Estados Unidos.
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par Michel Leidermann
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