SENADO MEXICANO APRUEBA LA LEY GENERAL DE DESAPARICIÓN FORZADA
EL TEXTO GARANTIZA QUE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS “ESTÉN INFORMADOS EN TODO MOMENTO” DE LAS INVESTIGACIONES
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El Senado mexicano aprobó el jueves 27, la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares respondiendo a la exigencia de los familiares de desaparecidos, quienes pedían que la norma pasara antes de que acabara el periodo legislativo.

El dictamen fue aprobado en la Cámara alta con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, apenas unas horas después de que pasara en Comisiones.

A continuación, la ley, que lleva dos años discutiéndose en el Legislativo con la colaboración de familiares de desaparecidos y asociaciones civiles, será discutida en la Cámara de Diputados.

De no ser aprobada antes de que acabe el periodo legislativo, los diputados tendrán que aplazar la discusión hasta el mes de septiembre, cuando comience el próximo periodo.

La ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones. Además, se crean protocolos con directrices para los procesos de búsqueda, se establece la declaratoria de especial de ausencia para reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y se establecen los derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo.

La ley “permitirá al Estado mexicano atender la problemática”, que en los últimos años “ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente”, afirmó la senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cristina Díaz.

Asimismo, el texto garantiza que los familiares de las víctimas “estén informados en todo momento” de las investigaciones y les concede el derecho de participar en la búsqueda directa.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 30.973 personas de quienes se desconoce su paradero.

Los familiares solicitan que la ley de desaparecidos sea aprobada para proporcionar un marco jurídico que estandarice los protocolos de investigación y búsqueda y con el que puedan exigir responsabilidades a los servidores púbicos. 

 

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