Arizona y Nuevo México declaran estado de emergencia en la frontera
Los estados de Arizona y Nuevo México, en el sur de EUA, han declarado el esta-do de emergencia en sus fronteras con México para combatir el trá-fico de personas y drogas, descon-tentos por la resunta pasividad del gobierno federal.
La declaración de estado de emergencia de ambos estados sirve como un llamamiento a la acción, ante un problema que se nutre de complejos factores económicos, políticos y sociales.
La gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, declaró el pasado lunes 15 el estado de emergencia para liberar un total de $1.5 millones en fondos federales para los condados fronterizos afectados por la violencia y la inseguridad que acompañan el problema de la inmigración ilegal hacia EUA.
El dinero, que forma parte de un fondo anual de $4 millones para situaciones de desastres naturales, estaría destinado principalmente a fortalecer la presencia policial en los condados fronterizos de Pima, Cochise, Santa Cruz y Yuma.
Esos condados constituyen los puntos más traficados y más mortíferos del contrabando de inmigrantes indocumen-tados en el suroeste del país, según las autoridades.
Arizona es la zona cero de la inmigración ilegal. Sólo en los sectores de Yuma y Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido a más de 510,000 inmigrantes indocumentados desde el comienzo del año fiscal 2005, el pasado 1ro. de octubre.
Además, en los últimos cinco años, las autoridades han encontrado restos de más de 750 inmigrantes indocumentados que han perecido en su cruce hacia EUA.
Al declarar el estado de emergencia, Napolitano explicó que Arizona ya no podía seguir esperando hasta que el gobierno federal reaccionara ante un problema que, aunque no es nuevo, empeora cada vez más.
"Es una responsabilidad federal y no están cumpliendo con ella. Llegué a la conclusión de que tenemos que hacer lo posible a nivel estatal hasta que el gobierno federal pueda apresurar el paso’’, recalcó Napolitano.
El viernes 12 pasado, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, tomó una decisión similar para ayudar a los condados del sur de su estado, con casi $2 millones en fondos federales.
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