La esclavitud sexual mueve millones en Latinoamérica
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La trata de personas genera unos ingresos anuales de $32,000 millones en todo el mundo y el 85% de ese dinero proviene de la explotación sexual, que sólo en América Latina y el Caribe captó 100,000 víctimas durante el año pasado.
Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) dado a conocer por el director regional para el Cono Sur, Eugenio Ambrosi, quien declaró que una mujer puede ser ‘’vendida’’ a una red de explotación sexual por entre $100 y $1,600.
Las víctimas de las organizaciones que trafican con personas para obligarlas a ejercer la prostitución aportan unas ganancias netas anuales de $13,000 a sus explotadores, dijo el funcionario italiano.
El estudio de la OIM, que se ha centrado en Argentina, Chile y Uruguay, revela que las víctimas suelen ser mujeres de clase social baja, que viven en un ambiente de marginalidad al que suele sumarse un entorno familiar inestable y un precario nivel educativo, lo que reduce sus posibilidades laborales y las predispone a migrar y a caer en diferentes engaños.
Los cebos para atraer a estas mujeres son diversos, pero en la mayoría de los casos se trata de otras mujeres que están relacionadas de alguna manera con su ámbito familiar y en las que la víctima confía, como vecinas o incluso miembros de su familia, que les hacen una oferta de empleo bien remunerada en el extranjero o en su país pero lejos de sus parientes.
Los “cazadores” también recurren a tácticas como el secuestro, o más frecuentemente la publicación de anuncios, en los que no se especifica claramente cuál será el trabajo a desarrollar, con ofertas para trabajar en el mundo de la publicidad o como modelos.
En la mayoría de las ocasiones, los tratantes proponen a las víctimas hacerse cargo de los gastos del viaje, por lo que las mujeres cuando llegan a su destino ya cuentan con una deuda contraída.
Ambrosi destacó que las víctimas pueden llegar a convertirse en tratantes o explotadoras, bien por coacción o como resultado de los abusos sufridos, y que al menos el 50% de las mujeres no son conscientes de su condición de víctimas.
Aparte de los agentes directos, en la ”trata de mujeres” también intervienen los secundarios, que con su colaboración implícita o con su indiferencia hacen posible este tipo de prácticas, como conductores de taxis, funcionarios públicos, policías, jueces y políticos.
La relevancia de algunas de las personalidades implicadas en el proceso dificulta el testimonio de las víctimas y la introducción de denuncias, y en la actualidad no existe en Argentina, Chile y Uruguay un sistema de protección para éstas mujeres, porque esta práctica no es considerada un delito y los explotadores deben ser juzgados por otras causas.
En Argentina se da un predominio de la trata interna, pero también se presenta como un país de tránsito de mujeres latinoamericanas a Europa y como lugar receptor de dominicanas y paraguayas, destacó Ambrosi. El informe revela que la provincia de Tucumán (nordeste de Argentina) es en la que más se recurre al secuestro para el reclutamiento.
Un 52% de los 118 casos de paraguayas víctimas de trata sexual analizados por la OIM en el 2005, tuvieron como destino Argentina.
Chile se presentó en el 2006 como país de destino para un 40% de mujeres argentinas, 25% de peruanas, 24% de colombianas, 5% de chinas y 2% de dominicanas, brasileñas y ecuatorianas.
El estudio también revela que Uruguay no es principalmente un país de destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero sí es exportador hacia países como España e Italia, y Argentina y Alemania.
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