Con fallas el programa electrónico de verificación de trabajadores
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Hasta ahora, en Estados Unidos unos 12 mil empleadores representan unos 54,304 lugares de contratación de todo el país, participan en el Programa Piloto Básico, lanzado en 1997 con carácter voluntario según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS).
El Programa Piloto es un sistema electrónico para ayudar a las empresas a verificar a través de la Internet que sus trabajadores inmigrantes tienen permiso para laborar legalmente en el país pero ha estado cargado de críticas tanto por parte de empleadores como de grupos defensores de los trabajadores.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración dio a conocer recientemente un reporte diciendo que los datos cargados en el Programa Piloto, contienen “información obsoleta e inexacta” en su base de datos, “el programa esta siendo mal utilizado por parte de los empleadores” y “no abarca protección adecuada a la privacidad” y que por lo tanto el program no funciona confiablemente.
Según declaraciones de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC), el 40% de los trabajadores rechazados por el programa piloto tiene autorización para trabajar en los EUAS. Los errores afectan particularmente a la población latina, entre la que se registra el mayor volumen migratorio.
Además, algunos consideran que el programa es “peligroso” para los empleadores porque cada vez hay más casos de empresas que voluntariamente usan el sistema y luego son auditadas y penalizadas.
Expertos en inmigración consideran que en cuanto al riesgo de sanciones por emplear a indocumentados, el problema es más grave para las grandes empresas, que son las que atraen más atención de las autoridades. Sin embargo, también afecta a los pequeños negocios que tienen menos recursos para cumplir con ;las actuales leyes que no responden a una necesidad realista de la situación migratoria y económica del país.
En diciembre pasado, una investigación federal de robo de identidad llevó al arresto de 1,282 trabajadores en las plantas procesadoras de carne de Swift & Co., en Utah, y otros cinco estados. La compañía participaba en el Programa Piloto Básico.
Recientemente, en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2008, el Presidente Bush solicitó $30 millones para mejorar este programa, aunque no se especifica de qué forma. Por orden del Congreso el programa piloto continuará de manera voluntaria hasta noviembre de 2008, siendo obligatorio a partir del 2009. Según el Centro de Estudios de Inmigración, con sede en Washington, la expansión nacional de este programa costaría entre $2,000 millones y $12,000 millones.
Mientras tanto, miles de empresas tienen en su plantilla —a sabiendas o por ignorancia— a trabajadores indocumentados. Es sabido que determinados sectores económicos, principalmente en las industrias de turismo, restaurantes o construcción, colapsarían si tuvieran que prescindir de la mano de obra indocumentada, y sin embargo la presión sobre los empleadores aumenta. Se les sanciona si contratan a indocumentados, pero también pueden ser demandados por discriminación si rechazan a alguien basándose sólo en sospechas de ser ilegal.
La generalización y obligatoriedad del programa forma parte de un enfoque más restrictivo de la inmigración, que enfrenta al problema de tener unos 12 millones de indocumentados, una cuarta parte de ellos con más de 10 años en el país.
Contratar a trabajadores indocumentados es ilegal desde 1986, cuando entró en vigor la Ley de Control y Reforma de Inmigración, pero por mucho tiempo empleadores y funcionarios de inmigración “han hecho la vista gorda” ante posibles irregularidades.
Mantener en los archivos el formulario I-9 —por el que se requiere prueba de residencia legal y permiso para trabajar— era casi el único trámite demandado de un empleador hasta ahora, dispuesto a cumplir la ley.
Pero la verificación de los documentos no es particularmente sencilla para quienes no son expertos legales o funcionarios de inmigración porque existen 29 tipos de formatos diferentes con los que aportar prueba de autorización para trabajar.
Organizaciones como la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) señalan que sus miembros se enfrentan a las contradicciones de la situación actual con una posición dividida con relación al problema de la inmigración. Casi la mitad se opone a una amnistía migratoria, mientras que la otra mitad la favorece, según una encuesta realizada en 2006.
Pero aunque muchos desconfían de la efectividad del programa piloto, los abogados expertos en negocios y leyes migratorias coinciden en aconsejar la máxima diligencia y recomiendan a sus clientes que verifiquen ellos mismos la elegibilidad del solicitante para trabajar en EUA llamando a la Oficina del Seguro Social, lo cual es un trámite gratuito y relativamente rápido.
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