No pasa proyecto de ley contra indocumentados en Arkansas
Por Michel Leidermann
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Un proyecto de ley que pretendía castigar a las personas de Arkansas que a sabiendas den trabajo a indocumentados, fue aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de representantes el martes 27 fue a pesar de numerosas opiniones en contra del proyecto, alegando que era inconstitucional y que originaría numerosas y serias demandas judiciales por transferir una responsabilidad federal sobre inmigración, a los jueces y procuradores de justicia de Arkansas.
Y el viernes 30 la sala en pleno de la Cámara de Representantes la aprobó en una votación de 63 a favor y 25 en contra.
Pero afortunadamente el Comité de Justicia del Senado lo rechazó por 5 votos contra 2 en una sesión de última hora el martes 3. Votaron a favor los senadores Womack y Withaker y en contra de la HB 2779, los senadores Luker, Madison, Brown, Thompson y Salmon.
El proyecto de ley HB 2779, presentado por el Representante republicano por Springdale, Jon Woods, hubiera clasificado como criminal “toda acción evidente de albergar, encubrir, o transportar a indocumentados”. Estas acciones serian clasificadas como delito menor clase A y sujetos a un año de cárcel y multas de $1,000.
Woods dijo que reconocía que la inmigración era incumbencia del gobierno federal pero que los residentes de su distrito electoral en el Noroeste de Arkansas estaban hartos y frustrados por la falta de acción del gobierno nacional y los problemas que los indocumentados estaban causando en su área.
“Básicamente esto es una manera de endurecer las leyes migratorias de nuestro estado”, dijo Woods a sus colegas antes de la votación en la Cámara Baja.
El representante demócrata por Jacksonville, Will Bond preguntó en el comité si la ley se aplicaría igualmente a las iglesias que den refugio y ayuda a los indocumentados, a lo cual Woods respondió que “cualquier persona u organización que a sabiendas esté encubriendo a ilegales, estaría violando la ley y sujetos a sus consecuencias”. También Bond señaló que esta ley podría originar denuncias maliciosas y falsas, sólo con el fin de causar daño a una persona que ayudaba indocumentados.
Por su parte la abogada de ACLU (unión americana de libertades civiles) Holly Dickson declaró que esta ley seria definitivamente inconstitucional pues se inmiscuía en un asunto que eminentemente era responsabilidad del gobierno federal de acuerdo a la constitución de los Estados Unidos.
Como la sesión legislativa ordinaria se clausuró el miércoles 4 de abril el proyecto murió y no podrá ser presentado nuevamente hasta la sesión ordinaria en el año 2009.
El gobernador Mike Beebe no había tomado una postura a favor o en contra del proyecto mientras se discutía en la Asamblea General.
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