Tribunal de Kansas mantiene matrícula estatal para universitarios indocumentados
Precedente es muy importante para volver a presentar proyecto de ley similar en Arkansas.
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El pasado 5 de julio, el juez Richard Rogers, de la Corte del Distrito de Topeka, Kansas, dictaminó que la demanda para impedir que los estudiantes universitarios indocumen-tados en el estado de Kansas (vecino a Arkansas) pudieran matricularse en universidades y colegios universitarios estatales, pagando la cuota estatal (más barata que la matrícula para estudiantes de fuera del estado), no tenia lugar porque los demandantes no habían demostrado la validez de su reclamación.
Los reclamantes eran padres y estudiantes que pagan la matrícula para estudiantes de fuera del estado y alegaban que se les estaba discriminando ya que una reciente ley promulgada en Kansas en el 2004, permite que estudiantes universitarios indocumentados paguen la matrícula estatal, condicionada a que hubieran estudiado por lo menos tres años y se hubieran graduado de una escuela secundaria en ese estado, o bien hubieran obtenido el Diploma de Educación General (GED), y que tramitaran su residencia legal en los EUA mientras estudian o en cuanto la ley se los permita.
La ley de Kansas establece que los indocumentados "no deben ser elegibles en base al lugar de su domicilio dentro del estado, para ningún beneficio posterior a sus estudios secundarios, a no ser que un ciudadano de los EUA, sin importar su lugar de domicilio, sea igualmente elegible para esos beneficios".
El profesor universitario Kris Kobach presentó la demanda en nombre de 24 ciudadanos estadounidenses que alegaban que la ley violaba las cláusulas de igualdad de protección de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, así como también una ley federal de inmigración de 1996. Los demandantes pedían que los indocumentados no fueran elegibles para estos beneficios, o bien, que todos los ciudadanos estadounidenses pagasen la matrícula estatal sin importar su lugar de domicilio.
Los defensores de la ley, alegaban por su parte, que la ley estatal no viola las leyes federales, ya que la base para el tipo de matrícula a pagar, son los años de estudio en una escuela secundaria del estado y no su domicilio dentro del estado o fuera. Además sostienen que la ley es consistente con las leyes federales que obliga a las escuelas primarias y secundarias, a aceptar a los estudiantes indocumentados.
Explicando su decisión, el juez Richard Rogers, dijo que la ley no cambia la obligación de los demandantes de pagar una matrícula de fuera del estado por las normas establecidas en la misma ley.
Los demandantes planean apelar la sentencia.
En Arkansas durante la ultima sesión de la Asamblea General (2205), la representante por Little Rock, Joyce Elliot, presentó su proyecto de ley HB 1525, semejante a la ley que fue aprobada en Kansas, y que además contaba con el apoyo del gobernador Mike Huckabee, pero lamentablemente su proyecto no prosperó en el Senado de Arkansas después de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes.
Los oponentes a la HB 1525 argumentaron que la ley de Kansas podría ser rechazada (cosa que no lo fue de acuerdo al dictamen del juez Richard Rogers) y hasta el propio Procurador General de Justicia de Arkansas, Mike Beebe, se basó en esta posibilidad para emitir su opinión contraria a la aprobación del proyecto, y que según él, se debía esperar a que una corte federal emitiría una sentencia definitiva al respecto para que los diferentes estados tuviesen directrices claras de como redactar estas leyes referentes a las matrículas de los estudiantes universitarios indocumentados en universidades y colegios universitarios estatales.
La oficina de Beebe, comentando sobre el rechazo del juez Richard Rogers, dijo que la sentencia sólo se ajustaba a derecho y que la situación de los estudiantes universitarios indocumentados en Arkansas aún no estaba completamente resuelta.
Claro está que las inconsistencias continúan, pues mientras las leyes federales autorizan a que estos estudiantes indocu-mentados puedan asistir a escuelas públicas, no les permiten continuar sus estudios superiores (muchas instituciones de enseñanza superior piden el número de Seguro Social para empezar), lo que simplemente es un acto discriminatorio y parecería una pérdida de dinero y tiempo de las escuelas públicas, al limitar el posterior desarrollo de jóvenes que pueden contribuir a la sociedad y eventualmente regularizar su condición migratoria.
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