Senadores retomarán el proyecto de migración esta semana
Bush apoya la reforma con énfasis en la seguridad fronteriza
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WASHINGTON, D.C.— El Senado retomará el proyecto de reforma migratoria integral esta semana, luego de que senadores de ambos partidos llegaron a un acuerdo sobre el número de enmiendas a discutirse el pasado jueves 14 de junio.
El anuncio se hizo después de que el presidente Bush diera su apoyo a una enmienda específica, la cual asignaría inmediatamente $4,400 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México y prevenir que los empleadores contraten indocumentados. El presidente señaló que la medida le “mostraría a los estadounidenses que vamos a proteger la frontera de una vez por todas”.
El anuncio de los líderes de la mayoría demócrata, Harry Reid, y de la minoría republicana, Mitch McConnell, revive las esperanzas de que el Senado posiblemente apruebe el proyecto antes del receso del 4 de julio. La medida colapsó la semana antepasada tras no reunir 60 votos requeridos para cerrar el debate.
Muchos de los pormenores del reavivado proyecto no se habían dado a conocer pero se indicó que como parte del acuerdo se considerarían solamente 24 enmiendas divididas entre demócratas y republicanos.
Reid había indicado que retomaría el proyecto si obtenía garantías sobre la cantidad de enmiendas además de suficientes votos republicanos para asegurar el término del debate y evitar maniobras dilatorias (filibuster) por parte de la minoría. Para ambas cosas se requieren 60 votos.
El senador republicano de Florida, Mel Martínez, aseguró que “hay de 26 a 28 votos republicanos” a favor del proyecto. Cuando la medida colapsó, sólo 7 republicanos votaron a favor de cerrar el debate. Un total de 37 demócratas y un independiente votaron a favor del cierre de debate.
Se indicó que como parte del acuerdo se considerarían enmiendas que según algunos críticos dificultan el camino para la legalización adquirida: una es la que requiere que los jefes de familia solicitantes de las Visas Z viajen a su país de origen y no únicamente los jefes de familia que soliciten la residencia permanente, como dice el proyecto.
Otra enmienda atrasaría la obtención del permiso provisional de trabajo que se daría a los indocumentados que se registren en un plan de legalización adquirida.
“Tenemos que seguir adelante con lo mejor que podamos sacar en esta ley sabiendo que va a ir después a la Cámara de Representantes, donde puede mejorarse, donde puede cambiarse, y después a una conferencia de ambas cámaras”, agregó Martínez.
La enmienda sobre seguridad fronteriza fue sometida por dos de los negociadores republicanos: Jon Kyl, de Arizona, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y asignaría $4,400 millones de manera inmediata para reforzar la seguridad en la frontera y los centros de trabajo.
El Departamento del Tesoro desembolsaría los fondos que serían recuperados posteriormente mediante los pagos de multas y cuotas que se cobren a los indocumentados que se registren en el posible plan de legalización adquirida.
El plan responde al temor a repetir el fracaso de la reforma de inmigración del 1986 en materia de seguridad.
El presidente Bush acudió personalmente el martes 12 al Capitolio a escuchar a los senadores y a plantearles la urgencia de retomar el proyecto de reforma.
“No hacer nada no es la solución. Si fallamos en actuar, los problemas de 1986 continuarán. No se aliviará la presión en la frontera... los empleadores no tendrán forma de verificar la situación legal de sus trabajadores; los trabajos seguirán vacantes; los inmigrantes que trabajan duro seguirán en las sombras de nuestra sociedad y nuestra nación seguirá teniendo un sistema migratorio desbaratado”, declaró Bush.
Si bien la mayor oposición al proyecto de reforma proviene de republicanos que lo consideran una amnistía, también hay demócratas opuestos por otros motivos: un plan trabajadores temporales que no concede una vía para la legalización y por aspectos del plan que son alarmantes como el costo de implementación, la reunificación familiar, el fijar una fecha de expiración en 5 años al plan de trabajadores temporales y el requisito de salir del país, entre otros.
La condición de limitar el número de enmiendas es parte de las exigencias demócratas para reanudar el debate y garantizar que no se altere el plan de legalización contenido en la propuesta tripartita que estancada en el Senado.
El plan igualmente recomienda severas medidas de seguridad en las fronteras, combate a la inmigración ilegal, deportaciones aceleradas, supresión del sorteo de la lotería de visas y un plan de trabajadores temporales, entre otros.
En cuanto a la legalización, el proyecto favorece a todos los indocumentados que viven en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2007, quienes deberán pagar primero una multa de $1,000 para obtener una visa de residencia temporal que tendrá una validez máxima de tres años.
Durante ese tiempo el favorecido deberá ser evaluado dentro de un complejo sistema de puntos, deberá salir del país, pagar una segunda multa de $4,000 y gestionar en su país de origen una visa de residencia permanente.
El Consejo Nacional de La Raza, dijo estar optimista, pese al miedo y al incierto futuro que depara a los 12 millones de indocumentados y sus familias. Sin embargo, otro de los escenarios es que el Senado decida no hacer nada.
Si eso ocurre, quedará la vía libre para que el gobierno, a través del departamento de Seguridad Nacional (DHS) siga adelante con los planes de contingencia adoptados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Dichos planes incluyen aumento de redadas, encarcelamiento de indocumentados, deportaciones aceleradas y castigos a quienes ayuden o den empleo a indocumentados.
Igualmente se teme que si el Congreso no hace nada, los consejos municipales y gobiernos estatales promuevan leyes, por ejemplo, que otorguen poderes extraordinarios a las policías locales para perseguir a los inmigrantes indocumentados.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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