Indocumentados tienen derechos
Por Michel Leidermann
El fallo del juez federal James Munley suspendiendo una ordenanza antiemigrante en Hazleton (Pennsylvania), sienta precedente ante los esfuerzos de estados y ayuntamientos contra la población indocumentada.
La ordenanza de Hazleton es una de centenares de medidas presentadas o aprobadas por municipios en todo el país, para responder a la presencia de los indocumentados,
En un dictamen de 206 páginas, el juez prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en vigencia una ordenanza aprobada en el 2006, que penaliza a quienes emplean o alquilen vivienda a los indocumentados y declara el inglés como idioma oficial.
Munley determinó que la tarea de regular la inmigración en EUA, es responsabilidad del gobierno federal y que la propuesta de Hazleton atropellaba los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso justo a la vivienda.
El juez emitió la decisión tras una demanda entablada por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) representando a grupos latinos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados, para frenar la “Ordenanza de Alivio por la Inmigración Ilegal”.
Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas por los concejales a la propuesta, esta violaba la Constitución de los EUA, que protege a todos los habitantes incluso a los extranjeros. "En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", escribió el juez.
La decisión de Munley, es un golpe para los grupos ultra conservadores del país que desean eliminar la "carga pública" que representan los indocumentados, exigiendo mano dura contra ellos.
Aunque el dictamen no tendrá un efecto directo fuera de la jurisdicción del tribunal de Munley en Pennsylvania, sí servirá como antecedente en los demás casos pendientes en tribunales de otros estados, mientras que los ayuntamientos siguen gastando mucho dinero de los contribuyentes en la defensa judicial de medidas semejantes. La decisión en contra de Hazleton defiende los derechos civiles de los indocumentados y quizás motive a los legisladores a tomar acción y aprobar el inicio de una reforma inmigratoria.
La opinión del juez envía igualmente el mensaje de que medidas exageradas contra los inmigrantes no son toleradas por las actuales leyes de los Estados Unidos, y que el Congreso debería aprobar una reforma migratoria para no dar pie a otras propuestas similares, aunque sigue dividido sobre cómo detener la inmigración ilegal, y no ha podido aprobar la reforma migratoria. No se prevé que lo haga antes de las elecciones en noviembre del 2008 y ni siquiera después de que asuma el nuevo presidente/a en enero del 2009..
El alcalde de Hazleton, Lou Barletta, culpa a los indocumentados de todos los males de la ciudad, incluyendo más gastos por presos en las cárceles, más alumnos con necesidad de ESL en las escuelas, más basura en barrios latinos, etc. Barletta anticipó que llevara el caso a un tribunal de apelaciones.
La mayoría de los grupos pro inmigrantes, como el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Coalición para una Reforma Migratoria Integral, y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales entre otros, que presionan al Congreso para que apruebe una reforma migratoria integral, elogiaron la decisión del juez, afirmando que las ordenanzas como la de Hazleton son censurables porque, además de arremeter contra los inmigrantes con desinformación y estadísticas falsas, no corregirán el descalabrado sistema de inmigración de Estados Unidos.
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