Comunidad latina del noroeste de Arkansas se une para defender a los acusados
FAYETTEVILLE — El Juez federal James Marschewski negó la libertad bajo fianza el jueves 27 para el restaurador Arturo Reyes Jr. quien permanecerá en la cárcel hasta el juicio, acusado de albergar a extranjeros ilegales, mientras que su esposa, Silvia Reyes, fue puesta en libertad condicional por $25,000 de fianza.
Silvia, madre de cinco niños nacidos en EUA y que se encuentra embarazada, estará bajo arresto domiciliario hasta el juicio usando un brazalete electrónico. El juez indicó que Silva estaba menos involucrado en el negocio que su marido.
La redada tuvo lugar el 10 de Diciembre en los restaurantes mexicanos Acambaro en los condados de Benton y Washington. Los agentes federales incautaron propiedades por valor de más de $3 millones, congelaron las cuentas bancarias y detuvieron a 23 extranjeros ilegales, entre ellos a 4 de los administradores de Acambaro. Además de los Reyes y su esposa, el gobierno acusó a Armando Reyes y Lucila Huaracha de albergar extranjeros ilegales para obtener mayores ganancias en sus negocios.
Las 19 personas empleadas enfrentan ahora su deportación.
Esta fue la primera incursión mayor que realizaron en conjunto con la policía local en el marco del programa 287(g) para hacer cumplir de leyes federales de inmigración.
El programa 287(g) capacita a la policía local para hacer cumplir leyes federales de inmigración pero se suponía se aplicaría sólamente en delitos graves como trafico de drogas y miembros de pandillas, y no contra las empresas de propiedad de latinos que contratan a extranjeros ilegales, declararon líderes de la comunidad en una declaración emitida antes de la audiencia judicial.
Un nuevo grupo latino, encabezado por Jim Miranda, Rey Hernández, Ana Hart y Eddie Vega, se quejó no sólo acerca de la redada selectiva, sino también del trato de los agentes hacia la familia Reyes. Los agentes forzaron la puerta de la casa de Arturo Reyes Sr., valorada en $465,000, y rebuscaron en la cartera de su esposa, según Miranda.
Según Hart, directora de Comunidades Justas del Noroeste de Arkansas, el grupo ha establecido un fondo de defensa con el objetivo de reunir $100,000, para la defensa de este caso en el tribunal y que una parte del dinero se destinará a dar clases adicionales a los agentes de inmigración sobre la diversidad cultural.
La investigación del caso Acambaro, se inició en el verano del 2006, cuando Informantes que trabajaban en los restaurantes proporcionaron información importante, de acuerdo con el testimonio de detective Charles Motsinger del Departamento de Policía de Springdale.
Los informantes dijeron a las autoridades que los Reyes contrataban a sabiendas a extranjeros ilegales y disfrazando los controles de documentos que exige la ley federal.
Los cuentas de los restaurantes y las cuentas personales de Arturo Reyes Jr. y Silvia Reyes, mostraban grandes sumas de dinero fueron depositadas en efectivo.
Aparentemente los informantes dijeron a los investigadores, que los Reyes utilizaban una casa de su propiedad en Rogers, así como otras propiedades, para albergar a los extranjeros ilegales contratados para trabajar en los restaurantes. No hay pruebas, sin embargo, que los Reyes transportaban a los trabajadores a través de la frontera.
No se fijó fecha para el juicio.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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