Legisladores de Arkansas buscan medidas contra indocumentados
En las elecciones de noviembre del 2006, los candidatos republicanos de Arkansas prometieron que de ser elegidos, aplicarían de forma estricta las leyes de inmigración, como una respuesta a la posición popular contra la inmigración indocumentada.
A pesar de eso, los republicanos perdieron los dos principales cargos (gobernador y vicegobernador) y los candidatos demócratas fortalecieron su control en ambas cámaras de la Asamblea General.
La única ley sobre el empleo de indocumentados aprobada por los legisladores de Arkansas, prohíbe a los contratistas que prestan servicios al estado, darle empleo a los indocumentados, al tiempo que les exige que certifiquen que están verificando con el gobierno federal que los documentos presentados son verdaderos, so pena de perder el contrato y quedar sujetos a pagar multas.
Otra iniciativa de ley en Arkansas, que buscaba convertir en delito el darle albergue o transporte a inmigrantes ilegales en el estado, no fue aprobada por un comité del Senado (HB 2779).
Sin embargo, varios legisladores del noroeste, una región fuerte del partido republicano de Arkansas, llamaron en agosto del 2007, a una serie de audiencias con funcionarios de agencias estatales, afín de aclarar el costo que la inmigración ilegal causa al estado.
Estos congresistas piensan que la frustración de la ciudadanía sobre la poca acción del gobierno federal para detener la inmigración ilegal, conseguirá más apoyo para mayores controles a nivel estatal, tal como lo han hecho por ejemplo, los estados vecinos de Tennessee y de Oklahoma.
La primera sesión informativa convocada por el Comité Conjunto de Agencias Estatales y Asuntos Gubernamentales, que se realizó el 14 de agosto, acabó confirmando que los inmigrantes - tanto legales como indocumentados - le cuestan a Arkansas aproximadamente $170 millones al año.
Entre las respuestas dadas se destacaron las del Departamento de Educación de Arkansas (ADE), por parte de Andre Guerrero y Diana Julian, quienes señalaron que su Departamento gastó $154 millones en la enseñanza a alumnos inmigrantes y $4.6 millones en clases de inglés como segundo idioma (ESL) para los 23,599 alumnos de Arkansas que no dominan el inglés, todo siguiendo las leyes existentes a nivel federal.
Guerrero hizo la salvedad que el ADE no distingue entre estudiantes legales e indocumentados y por lo tanto no podía dar una información más detallada sobre los gastos para uno u otro.
Guerrero señaló que una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982, exige que se admitan a todos los alumnos que cumplan con los requerimientos de residencia dentro de un distrito escolar. Igualmente afirmó que la Oficina Federal de Derechos Civiles ha informado al ADE que no pueden preguntar sobre el estado inmigratorio del alumno. A aquellos alumnos que no presentan un número de Seguro Social, se les asigna un número de Identificación válido durante toda su permanencia en las escuelas públicas de Arkansas.
Por su parte, el Departamento de Corrección informó que en el 2006 gastó $2 millones en el mantenimiento y alimentación de 158 presos indocumentados de una población penal total de cerca de 14,000 presos. Es decir, los presos indocumentados son un poco más del 1% de la población penal, siendo que la población total latina total de Arkansas llega al 5%.
Las Cortes y los Departamentos de policía en Arkansas, gastaron otros $14.7 millones en casos de inmigrantes durante el año 2004.
El 18 de Septiembre otros departamentos estatales como el de Salud y el de Servicios Humanos, se presentaron ante el comité legislativo sin llegar a conclusiones definitivas. Cabe señalar que solamente dos programas de salud están disponibles para los indocumentados en Arkansas.
Primero, los cuidados prenatales para las madres, porque se asume que sus bebés nacerán acá y consecuentemente serán ciudadanos americanos y resulta más económico prevenir un problema de salud durante el embarazo, que los tratamientos después del parto.
Segundo, los cuidados en las salas de emergencia de los hospitales protegidos por ley federal, pero hay que hacer notar que es bastante flexible la definición de “emergencia”, de si conlleva o no peligro de muerte o de lesión grave con consecuencias permanentes. Hay muchos ciudadanos, que terminan yendo a las salas de emergencia, porque no tienen un seguro de salud.
Será muy importante evaluar el impacto económico que sufriría Arkansas si los indocumentados se reducen drásticamente y como esto afectará a las industrias de la construcción, la agricultura, las fábricas y procesadoras, y de los servicios. Sólamente entonces la gente se dará cuenta de os aportes de los inmigrantes a la economía del estado.
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