Patrulleros de Arkansas, Alabama y Florida también cumplirían labores de inmigración
El Director de la Policía Estatal de Arkansas, coronel Steve Dozier, no ha comenzado las discusiones con el ICE sobre el entrenamiento de sus patrulleros, porque está atento a resolver problemas más prioritarios para los residentes de Arkansas.
Por Michel Leidermann
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Un creciente número de policías de diversas entidades del orden en Estados Unidos están recibiendo entrenamiento y autorización para desempeñar funciones de agentes federales y detener inmigrantes indocumentados.
En algunos casos, como ocurre en Arizona, el otorgamiento de esas facultades a las fuerzas locales del orden está previsto en leyes adoptadas con ese fin por el Congreso estatal.
Pero los detractores de la medida alegan que es inconstitucional porque invade la esfera jurisdiccional federal.
Por otra parte el gobernador de Alabama, Bob Riley anunció la semana pasada, que 26 patrulleros adicionales de su estado acaban de completar el entrenamiento para aplicar las leyes de inmigración cuando sea necesario. Estos patrulleros se sumarán a otros 21 que ya habían completado este entrenamiento en el 2003.
En otros casos las propias autoridades federales han suscrito acuerdos individuales con diversos estados bajo la Sección 287 (G) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, la que permite capacitar policías locales para desempeñar funciones de agentes migratorios federales.
Los estados de Alabama y Florida, ya tenían acuerdos en efecto entre sus Policías Estatales y el Departamento de Seguridad Interna, pero no se conocen cifras sobre los costos derivados de su aplicación, ni sobre su efectividad en controlar al terrorismo y el tráfico de drogas que son las responsabilidades primarias actuales de la Policía Estatal.
Además, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) suscribió el mes pasado un acuerdo con Arizona por el cual comenzó a capacitar a 10 miembros del sistema correccional estatal en dos de sus prisiones, para que actúen como agentes migratorios e identifiquen a indocumentados presos y agilizar su deportación.
De acuerdo con la dependencia federal, existen planes para alcanzar un acuerdo similar y capacitar a seis custodios del sistema penitenciario en Los Angeles, California.
En lo tocante a legislaciones estatales, el Congreso de Arizona adoptó una ley que entró en vigor en agosto, la que permite a policías locales detener a indocumentados con objeto de encausarlos, con penas de hasta dos años de prisión, por contratar los servicios de traficantes de personas (coyotes).
Detractores de la medida estiman que es inconstitucional porque la ley estatal otorga a los agentes de la entidad facultades reservadas exclusivamente a autoridades federales, sin obtener autorización expresa de Washington.
En Arkansas el proyecto de ley 907 - 2005 de Arkansas, que fuera aprobado en el Senado estatal el 10 de mayo pasado, amplía la autoridad del director de la Policía Estatal de Arkansas, Coronel Steve Dozier, para que pueda firmar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior o con el Departamento de Justicia de los EUA, para la capacitación de patrulleros estatales.
El entrenamiento permitiría que los patrulleros de Arkansas sean entrenados durante ocho semanas sobre la aplicación de las leyes de inmigración y después puedan ejercer también las funciones de agentes del Servicio de Inmigración y Aduana.
La acción de la Policía Estatal de Arkansas en cuestiones de inmigración, se limitará a las carreteras federales e interestatales. El acuerdo también permitiría a los patrulleros tener acceso a la base de datos federales, para verificar que si las personas que detuvieron, están o no entre las personas buscadas en otros estados.
Después que el director de la Policía Estatal de Arkansas, coronel Steve Dozier llegue a un acuerdo con las autoridades federales, el documento deberá ser presentado al Sub-comité de Normas Legislativas y de Revisión de Reglamentaciones del Senado, para su aprobación final antes de poder firmarlo.
En la actualidad cuando los policías de Arkansas detienen a un indocumentado, no tienen autoridad para arrestarlo por violación a la ley de inmigración y generalmente lo dejan irse después de 15 minutos que es al máximo que lo pueden tener detenido sin causa. Mediante este proyecto, los patrulleros podrían entregar a los indocumentados a la Migra (ICE).
Cabe preguntarse cual es el efecto práctico de esta ley, pues con sólo seis u ocho patrulleros entrenados en Arkansas, evidentemente que los criminales, los polleros o coyotes, y los ilegales que quieran esquivar el control, usarán rutas secundarias y no las carreteras principales.
EL LATINO consultó al portavoz de la Policía Estatal de Arkansas, Bill Sadler, sobre el estado actual de las negociaciones entre su Departamento y el ICE, a lo cual nos respondió que el Director, coronel Steve Dozier, no había comenzado esas discusiones porque estaba atento a resolver problemas más prioritarios para los residentes de Arkansas. Tampoco Sadler pudo darnos una fecha estimada para el cumplimiento de la ley 907.
Por otra parte la senadora republicana de Texas, Kay Bailey Hutchinson, presentó el lunes 3 de octubre, un proyecto de ley que amplía la autoridad de las policías locales y estatales en todo el país, para arrestar, detener y procesar indocumentados y crea además un Programa Voluntario de Alguaciles Fronterizos.
La medida generó de inmediato descontento entre los grupos pro inmigrantes que presionan por el avance de una reforma migratoria amplia y realista en el Congreso, mientras ven cómo se reviven propuestas como esta de la senadora Hutchinson que van en detrimento de la comunidad inmigrante.
Los opositores a que policías asuman funciones de oficiales migratorios, incluyendo una gran cantidad de jefes policiales en todo el país, argumentan que carecen de recursos suficientes para destinar elementos a esas tareas, y que además se descuidan otras más importantes destinadas a velar por la seguridad de la población.
Consideran también que los policías no pueden contar con la misma capacitación de los agentes migratorios federales para tratar con inmigrantes, y eso deriva en potenciales abusos y violaciones a los derechos de los mismos.
Igualmente, señalan que esta situación afecta la confianza en la policía por parte de la comunidad inmigrante, sobre todo los indocumentados, que por temor a ser deportados prefieren no denunciar los abusos de que son objeto.
"Es más de lo mismo y es realmente decepcionante que una senadora de Texas esté haciendo esto ya que varios departamentos de policía de Texas están en contra de medidas de este tipo", declaró Vanessa Cárdenas, del Foro Nacional de Inmigración (NIF).
Michele Waslin, analista de asuntos migratorios para el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), indicó que "se trata de otro perfecto ejemplo de una persona que quiere demostrar lo que está haciendo por la migración no autorizada, pero que sólo genera divisiones en lugar de promover un debate encaminado a soluciones constructivas".
Aunque los grupos pro latinos esperan que la medida no progrese, el temor es que ante la ausencia de un debate sobre medidas realistas y prácticas, se le siga dando cabida a proyectos de este tipo que sólo provocan mayores divisiones y entorpecen el avance de una reforma migratoria amplia y significativa.
Cárdenas recordó que los departamentos de policía de Houston, San Antonio y El Paso han presentado medidas oponiéndose a este tipo de práctica no sólo porque supone sobrecargar a una fuerza de trabajo ya de por sí sobrecargada, sino porque erosiona la confianza entre la policía y la comunidad.
Harry Reid, líder de la minoría demócrata del Senado indicó: "Es fácil decir que podemos dedicar más dinero y más agentes de la Patrulla Fronteriza al problema, y que así mejorará la situación. Ese mensaje es muy popular, pero no es cierto. Desde 1986, hemos aumentado el presupuesto de la Patrulla Fronteriza 10 veces y triplicado el número de agentes. Sin embargo la probabilidad de ser atrapados tratando de cruzar la frontera ilegalmente, ha caído del 30% en los años 80, a sólo 5% en la actualidad.
"Demócratas y republicanos están de acuerdo que la reforma de inmigración es crucial para nuestra seguridad nacional y que el sistema actual no funciona. Pero si queremos poder aplicar nuestras leyes, debemos elaborar leyes realistas", agregó Reid.
Waslin indicó que la falta de acción por parte de la Casa Blanca y del Congreso para consi-derar algún tipo de reforma migratoria con urgencia, permite que sigan surgiendo pro-puestas legislativas con un impacto negativo para la comunidad, si llegaran a concretarse.
La semana pasada, por ejemplo, el congresista republicano de Arizona, Jay Hayworth, presentó un proyecto de ley que le niega la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados y pide que se reduzca la cifra de visados para mexicanos.
El proyecto de la senadora Hutchinson por su parte, permitiría que las autoridades locales y estatales tomen acciones por violaciones migratorias civiles y criminales, misión que al momento está en manos de autoridades federales. Asimismo, permite que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) inicie un Programa Voluntario de Alguaciles Fronterizos.
Según el lenguaje del proyecto, el programa voluntario "asistiría al DHS a asegurar nuestras fronteras empleando de manera voluntaria oficiales de la paz entrenados y licenciados por los estados... los voluntarios serían asignados a la Patrulla Fronteriza en misiones temporales para identificar y controlar la inmigración indo-cumentada y el tráfico humano y de drogas".
Los grupos pro inmigrantes no desechan la importancia de garantizar la seguridad fronteriza, pero insisten en que no se pueden seguir presentando soluciones obsoletas y poco funcionales al problema.
Por más agentes que asignen a la frontera o por más programas de alguaciles voluntarios que se establezcan, dicen estos grupos, los inmigrantes seguirán tratando de cruzar ilegalmente. De ahí la urgencia de crear un programa de trabajadores temporales que regularice la mano de obra que quiera llegar y que se requiera en Estados Unidos.
El punto clave es qué hacer con los más de 11 millones de indocumentados que ya viven en este país, muchos de los cuales tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Los grupos abogan por la propuesta bipartidista de los senadores John McCain y Edward Kennedy, republicano de Arizona y demócrata de Massachusetts, para una reforma de inmigración, que crea un plan de trabajadores temporales y contiene un componente de legalización "ganada" para los indocumentados que cumplan con determinados requisitos.
De otra parte, los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, quien además preside el subcomité de Inmigración del Senado, y Jon Kyl, de Arizona, presentaron una propuesta que enfatiza la seguridad fronteriza, crea un programa de trabajadores temporales, pero no ofrece una vía para la legalización al estilo de la ofrecida por la medida McCain-Kennedy.
Bajo el plan Cornyn-Kyl los millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos deben retornar voluntariamente a sus países de origen en un lapso de cinco años para reingresar legalmente, si es que califican para los visados de trabajo temporal, entre otras opciones.
Edición de esta semana
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Frank Scott Jr., un banquero y pastor asociado que se crió al sur de la carretera interestatal 630 que divide la ciudad de Little Rock por raza y situación económica, fue elegido el martes 4 como nuevo alcalde de la capital de Arkansas.   / ver más /
Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
Los legisladores de Arkansas van a tener mucho que discutir en la próxima sesión legislativa que comienza el 14 de enero, y uno de los muchos temas que abordarán es si aprobar un mayor aumento de fondos por estudiante para las escuelas en varios años.    / ver más /