Legalización no mejorará la situación laboral de indocumentados
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 La legalización de los inmigrantes indocumentados no producirá, al menos a corto plazo, una mejora sustancial en sus oportunidades de empleo, aumento de sus ingresos o mayor competitividad con respecto a los trabajadores nacidos en EEUU, señala un informe difundido por el Instituto de Política Pública de California (PPIC).

Los inmigrantes con pocas calificaciones podrán desempeñar algunos empleos, pero no obtendrán cambios significativos de ingreso por su trabajo, asegura el reporte. 

De la misma forma, el análisis descarta que una legalización produzca efectos notables en la economía.

El reporte analizó los resultados de la Encuesta de Nuevos Inmigrantes (NIS) –realizada con cerca de 4.500 personas legalizadas por la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986, y proyectándolos a una posible nueva legalización en el 2010 o poco después.

De los cerca de 3 millones de inmigrantes legalizados en 1986, estudios de seguimiento encontraron que las perspectivas ocupacionales y de empleo mejoraron para ellos solamente a principios de 1990, aproximadamente 4 años después de haber legalizado su situación, y no inmediatamente.

El análisis atribuye estas mejoras posteriores a una mayor capacitación y un mejor dominio del inglés, entre otros, y no como resultado inmediato del nuevo estatus legal.

"También encontramos muy poca evidencia que soporte la visión de que este paso tendrá efectos significativos en la economía en general, particularmente en ingresos por impuestos o programas de asistencia pública", afirma el estudio.

Debido a que la mayoría de los trabajadores indocumentados ya presenta declaraciones de sus impuestos, no se espera que una legalización masiva produzca un ingreso notable en la recaudación.

"El año anterior a adquirir estado legal, 87% de aquellos que cruzaron la frontera ilegalmente y 91% de quienes sobrepasaron su tiempo permitido por la visa, presentaron su declaración de impuestos", destacó el reporte con respecto a la reforma de 1986.

La falta de ascenso ocupacional entre los trabajadores indocumentados con poca capacitación, sugiere que la legalización conducirá a muy poco aumento en la competencia en el mercado laboral con respecto a los trabajadores con bajas calificaciones, nacidos en el país.

Tampoco se cree que la legalización produzca un notable aumento en la demanda de programas de asistencia social, pues la mayoría no es accesible para personas recién legalizadas (deben esperar por lo menos 5 años).

No obstante, el informe menciona una excepción: el crédito o devolución de impuestos que pueden ser reclamado en los impuestos federales por trabajadores de bajos ingresos con un número de seguro social válido, pues muchos nuevos inmigrantes legalizados califican para ese beneficio.

Igualmente, si la capacidad del manejo del inglés viene a ser un requisito en un nuevo programa de legalización, los costos de ofrecer estos cursos de capacitación serán significativos, señaló el estudio.

El análisis de PPIC, igualmente señala que los costos y los beneficios económicos no son las únicas consideraciones para tener en cuenta en un programa de legalización.

El programa, "tendría otras implicaciones de más largo plazo, como por ejemplo, podría prevenir deportaciones que separan las familias incluyendo aquellas con niños nacidos en los EEUU, así como motivar a la plena participación de los inmigrantes en la vida cívica".

El informe aclara que utiliza el término inmigrantes "no autorizados" en lugar de "indocumentados" porque es más acorde, pues existen inmigrantes que "tienen documentos", como visas de estudiantes o de turismo que se han vencido.

Igualmente descartó el término "ilegal" pues ha sido frecuentemente politizado en su utilización.

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