Unas 100 prisiones en México controladas por delincuentes
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Unas cien cárceles de las 429 que hay en México, principalmente las estatales y municipales, son controladas por los presos debido a la corrupción y el relajamiento de las autoridades penales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este sistema de "autogobierno" ha sido uno de los factores de la violencia que existe en las cárceles, con sangrientos motines y reyertas.

En 2009 hubo cinco motines, el más violento en Tijuana, con 19 muertos, y varios enfrentamientos entre internos, de los que destacó uno en un penal de Ciudad Juárez, con 20 fallecidos.

En junio de 2010 se han registrado sangrientas riñas, como la de Mazatlán como el lunes 14 en Mazatlán, (29 muertos), y en una prisión de Aguarato (6 muertos), ambas localidades en Sinaloa (noroeste), cuna de los principales capos del narcotráfico.

Los presos ponen sus condiciones y no la autoridad, lo que en parte eso sucede por la corrupción o el desistimiento del ejercicio de la autoridad en esos centros.

Significa que los internos determinan quiénes manejan el penal y controlan, mediante el cobro a otros internos, las visitas conyugales, la operación de tiendas, los servicios de limpieza y el pase de lista. En algunas de estas reyertas los involucrados han usado armas de fuego.

Una de las hipótesis sobre los "autogobiernos" señala como factores, además, la falta de personal y una insuficiencia grave en las instalaciones.

En México hay, entre federales, estatales y municipales, 429 centros de reclusión, con un total de 227.000 internos.

De acuerdo con la CNDH hay "un gran problema penitenciario nacional, desde el centro municipal hasta el federal" y "el mayor problema" está en el desequilibrio entre el presupuesto destinado al sistema penitenciario y el estado de las instalaciones.

Esto ha provocado que en los penales haya sobrepoblación de reos (25% en general) y hacinamiento, y no se separa a los reos acusados de delitos comunes de los que cometieron delitos federales, así como a los procesados de los sentenciados.

Será necesario que el Gobierno haga todo lo necesario para construir nuevos penales y que los gobiernos estatales no evadan su responsabilidad de atender los sistemas penitenciarios, máxime que han estado recibiendo recursos federales para su acondicionamiento.

La CNDH procesa una recomendación general del sistema nacional penitenciario con observaciones muy directas que estará lista en julio próximo.

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par Michel Leidermann
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