Inconstitucional la educación en Arkansas
Por Michel Leidermann
"SIENDO LA INTELIGENCIA Y LA VIRTUD las salvaguardias de la libertad y el baluarte de un gobierno libre y apropiado, el Estado siempre deberá mantener un sistema de escuelas públicas gratuito, general, adecuado y eficiente, y deberá adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar al pueblo las ventajas y oportunidades que brinda la educación". Constitución de Arkansas.
No es necesario ser un magistrado de la Corte Suprema de Arkansas para entender si el Estado mantiene o no en la actualidad, un sistema de escuelas públicas gratuito, general, adecuado y eficiente. Basta sólo con visitar los distritos escolares más pobres de Arkansas y mirar los edificios en malas condiciones o analizar los pobres resultados académicos de sus alumnos.
Basta darse cuenta que $52 millones del presupuesto fiscal, financian los proyectos "especiales" de los legisladores y no fueron para educación.
Basta con averiguar cuanto dinero gasta el estado en los equipos de fútbol americano en los colegios, en lugar de mejorar los programas de estudios.
Basta con averiguar si en los 252 distritos escolares del estado, la duplicación de labores administrativas es un sistema eficiente de gerenciamiento.
Es decir, sólo bastaría con aplicar seriamente la definición constitucional, para así eliminar estos problemas, y eso es justamente lo que la Corte Suprema de Arkansas acaba de reiterar el pasado 15 de diciembre.
La Corte argumentó que Arkansas tenía actualmente un sistema educativo inconstitucional (ineficiente y desigual). La demanda judicial del distrito de Lake View que ya lleva 13 años en los tribunales, inició todo este proceso por el cual la Corte se sintió responsable de intervenir en el sistema de educación pública estatal, ya que el gobernador y ni los legisladores habían cumplido con el mandato de la Constitución, y les ordenó simplemente que volvieran a sesionar y corregir los problemas presentes, antes del 31 de diciembre del 2006.
En el pasado los legisladores trabajaron fuerte para corregir las fallas pero tuvieron dos defectos mayores:
1. La ley 57 del 2003 que los mismos legisladores aprobaron, requiere la presentación de evaluaciones a intervalos regulares para valorar el progreso logrado en el cumplimiento de los estándares constitucionales de la educación, y 2. No ajustar los salarios de los maestros por el índice anual de inflación (aunque si lo aprobó para otros empleados estatales y para los propios legisladores).
La Corte Suprema usó estas dos fallas de los legisladores para dictar su reciente sentencia al respecto. Los legisladores habían optado por crear sus propias soluciones al problema de educación en Arkansas, desconociendo el mandato constitucional, y pensando que ellos tenían mejores respuestas. Pero la ley es la ley, y el papel de la Corte es que todos los ciudadanos, incluyendo gobernantes y legisladores, la cumplan.
Algunos detractores dicen que la Corte está interfiriendo en asuntos que no son de su ingerencia. La verdad es que si el gobernador y los legisladores no olvidaran que Arkansas se encuentra en el penúltimo lugar entre los 50 estados del país en el desempeño académico de alumnos en las escuelas públicas y decidieran "invertir sabiamente" los limitados fondos estatales para mejorar la educación en Arkansas, la Corte no necesitaría intervenir.
¿Y usted que opina?
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