Apelación de Gobernadora de Arizona por ley anti-inmigrante será vista en noviembre
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Partidarios de la ley SB1070 participan el, sábado 31 de julio de 2010, durante una protesta a favor de la ley en el Capitolio de Arizona, en Phoenix, Arizona.

 La jueza de distrito Susan Bolton bloqueó el miércoles 28 de julio partes clave de la nueva ley SB 1070 de inmigración de Arizona, horas antes de que entrara en vigor, otorgándole una victoria al Gobierno del presidente Barack Obama.

La jueza ordenó bloquear las partes controversiales hasta tanto haya una decisión de las cortes superuores sobre el fondo del asunto, al señalar que el gobierno estadounidense "probablemente tenga éxito" en demostrar que la ley abarca terreno ya cubierto por leyes federales.

La ley SB1070, entró en vigor el jueves 29 sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que presentó una “apelación expedita ante la Corte de Apelaciones en el noveno circuito", para reponer todas las disposiciones de la ley, que contaba con un amplio apoyo popular en Arizona y todo el país, pero a ella se oponen el Gobierno Federal, además de grupos de derechos humanos e inmigración.

Sin embargo la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco rechazó el viernes 30 una solicitud para una audiencia expedita y fijó fecha para la semana del 1 de noviembre a la apelación de Arizona.

La Corte de Apelaciones fijó el viernes el 26 de agosto para la presentación inicial de Arizona y la respuesta del Gobierno será el 23 de septiembre. La corte dijo que no daría más extensiones de tiempo para presentar los resúmenes "a menos que existan circunstancias extraordinarias y convincentes".

Arizona puede apelar en última instancia a la Corte Suprema que en ese caso se convertiría en una prolongada batalla legal.

La jueza bloqueó entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial cree que ese individuo no está en el país de forma legal en este estado fronterizo con México donde viven unos dos millones de latinos.

La jueza también bloqueó las disposiciones que consideraban un crimen el que los inmigrantes ilegales no portaran sus documentos en todo momento, y solicitaran trabajo o lo realizaran y la disposición que aprobaba los arrestos sin orden judicial cuando hay causa probable de que ese individuo haya cometido una ofensa pública que justifica su deportación. La ley sí establece, sin embargo, que "cualquier persona que sea arrestada deberá tener determinado su estatus migratorio antes de que sea liberada”.

La legislatura de Arizona, aprobó en abril la ley que intenta sacar del estado a casi medio millón de inmigrantes ilegales, así como detener el tráfico de drogas y humano a lo largo de la frontera.

El Departamento de Justicia argumentó que las previsiones de la ley invadían la autoridad federal sobre la política de inmigración y su cumplimiento.

En su veredicto de 36 páginas, Bolton escribió que "la corte también considera que es probable que EEUU sufra daños irreparables si la corte no prohíbe preliminarmente el cumplimiento de estas secciones de la ley y el balance de equidad inclinado en favor de EEUU, considerando el interés público".

Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones que residen en EEUU, la mayoría de ellos latinos.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria, afirmó que ahora "el gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir".

La ley SB 10170 tiene pendientes otras 6 demandas además de la presentada por el Departamento de Justicia, que alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población latina.

Por su parte el  alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, cuya campaña en contra de los inmigrantes indocumentados lo ha hecho muy popular e igualmente polémico, había dicho que abriría una nueva sección de su cárcel a la que bautizó como "Sección 1070", donde tenía la intención de albergar a los inmigrantes ilegales detenidos como resultado de la nueva ley. 

Arpaio afirmó que su oficina continuará las redadas contra los indocumentados, pese al dictamen de la juez Bolton. "Nada cambiará... si la persona está acá de forma ilegal, la entregaremos a las autoridades de Inmigración y Aduanas", enfatizó Arpaio. Insistió en que sus agentes están capacitados para arrestar a los indocumentados en base a ciertos "criterios", como no portar los debidos documentos migratorios y poblar "las áreas donde prevalece" la población ilegal.

Según su oficina, en las últimas 16 operaciones se ha logrado el arresto de cerca de mil inmigrantes, de los cuales 600 eran indocumentados. Agregó que desde finales de 2006, sus redadas policiales han logrado la detención de 40.000 indocumentados.

Aun así, existía confusión sobre el significado de varias de las estipulaciones de la ley. Los Departamentos de Policía de Phoenix y de Tucson instruyeron a sus oficiales mantener en la cárcel a cualquier arrestado hasta que el Gobierno Federal verifique su estatus migratorio.

Las tensiones provocadas por la ley han encendido un debate nacional que se ha prolongado durante décadas frente a la inmigración, que promete jugar un rol importante en las elecciones del 2 de noviembre, cuando los demócratas luchen por mantener el control de ambas Cámaras del Congreso.

Las protestas en contra de leyes anti-inmigrantes continuarán en toda la nación, porque hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona.

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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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