Ratifican en EUA fallo contra ex generales salvadoreños
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El décimo primer Circuito de Apelaciones de los EUA, reafirmó la sentencia contra dos ex generales salvadoreños condenados en el año 2002 a pagar una indemnización de $54.6 millones, después de que un jurado los encontró culpables de torturas y violaciones de los derechos humanos en su país durante la década de 1980.
El caso fue juzgado en West Palm Beach, Florida, y tras cuatro semanas de audiencias y cinco días de deliberaciones, el jurado decidió que los ex generales, José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex ministros de Defensa de El Salvador, eran responsables por las torturas y asesinatos que cometieron las tropas bajo su mando durante la sangrienta guerra civil que protagonizaron la guerrilla y el ejército. Fue un periodo tenebroso de la historia salvadoreña.
Durante las audiencias, la parte acusadora ilustró al jurado sobre los métodos de tortura y persecución indiscriminada de la población civil durante el conflicto y se concentró en varias de las masacres protagonizadas por el ejército.
El desenlace creó jurisprudencia porque se trató del primer caso de violaciones de derechos humanos por parte de oficiales de un ejército extranjero juzgado en Estados Unidos, a pesar de que tuvieron apoyo tácito de Washington en su lucha contra la expansión comunista en Centroamérica, como recordó en las audiencias Robert White, el ex embajador estadounidense en San Salvador, en la época de las hostilidades.
El caso fue llevado ante la justicia después de que activistas salvadoreños descubrieron a los dos hombres viviendo en el sur de la Florida, refugiados desde 1989, en la etapa final de la guerra civil en El Salvador.
Los ex oficiales fueron acusados por Juan Romagoza, Neris González y Carlos Mauricio, tres salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes en la década de 1980 fueron sacados de sus casas por soldados del Ejército, encarcelados y torturados, y acusados de ser simpatizantes de la guerrilla marxista.
El caso fue amparado por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), un grupo de abogados y activistas que se dedican a denunciar abusos de derechos humanos en Latinoamérica.
Ahora, el panel compuesto por los jueces de distrito Gerald Bard Tjoflat y Ed Carnes y la jueza de circuito, Ann C. Conway, concluyeron que la cuestión del plazo de presentación de la queja ante la justicia no se aplica en este caso, y que la demora se justifica. El panel de jueces consideró que durante la guerra civil salvadoreña no había oportunidad de presentar el caso ante el tribunal, y que el plazo para hacerlo comenzó a contar a partir del año 1992 cuando se dieron las condiciones de paz en El Salvador y los demandantes podían demandar a los ex generales sin temor a represalias.
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