Derechos civiles de los inmigrantes
Por Michel Leidermann
LAS ACTUALES PROPUESTAS DE reforma migratoria alejan las probabilidades de conseguir un estado legal para los casi 12 millones de indocumentados que están en el país. El Congreso parece favorecer medidas que aumentan las muertes en la frontera, llevan a violaciones de los derechos de los trabajadores y proporcionan a las corporaciones un nuevo y gigantesco programa bracero.
El presidente Bush presentó su propuesta de reforma migratoria que simpatiza con las corporaciones con programas de contrataciones que les permitan reclutar a miles de trabajadores desde el extranjero. Estos podrán permanecer en el país sólo mientras duren los contratos, con un máximo de seis años.
Si el Congreso enarbola la bandera de la seguridad nacional, Bush y la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales (una alianza de las 43 mayores asociaciones de empleadores del país, que incluye a Wal-Mart y Tyson Foods de Arkansas), podrán lograr la aprobación de los nuevos programas de trabajadores huéspedes, aunque fuese contra la oposición de la derecha xenófoba. Pero cuando el Congreso llegue al tema de la legalización migratoria, esta mayoría política desaparecerá. La agenda de reforma contendrá sólo represión y braceros.
Durante años, los defensores de los derechos de los migrantes se dividieron en torno a la mejor estrategia para lograr la legalización de los indocumentados. En Washington, algunos sindicatos y organizaciones de derechos civiles optaron por apoyar la propuesta de ley de los senadores Edward Kennedy y John McCain. Los liberales han formado una alianza con empleadores y defensores de la represión migratoria, e incluyeron la promesa de legalización en un programa corporativo de trabajadores huéspedes.
Esta estrategia ha llevado al movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes, a un callejón sin salida. Se necesitan otras alternativas reconociendo los derechos comunitarios de los inmigrantes, en lugar de tratarlos como mera mano de obra barata; el aumento de visas de reunificación familiar; la puesta en práctica de derechos en los puestos laborales; y asegurar los derechos de los inmigrantes sin vincularlos con programas de trabajadores huéspedes o formas represivas para los inmigrantes. La congresista texana Sheila Jackson Lee propuso la Ley de Inmigración General "Salve a América de 2005", o HR2092, con apoyo del grupo afroamericano en el Congreso. La propuesta de ley provee legalización para trabajadores indocumentados en la actualidad y pone en práctica los derechos de los inmigrantes en los puestos de trabajo. No incluye ningún componente de trabajadores huéspedes ni un llamamiento a poner en práctica los castigos a empleadores de indocumentados. Utilizará aranceles pagados por quienes solicitan una regularización migratoria para financiar la creación de empleos y programas de entrenamiento en comunidades donde la desocupación es alta.
Un común denominador en reforma migratoria significa luchar por empleos para todos. Sin embargo, los ideólogos del libre mercado quieren apilar programas de trabajadores huéspedes y aumento de la represión migratoria sobre la cesantía y la competencia laboral. Esta mezcla explosiva producirá inseguridad y bajos salarios. Beneficiará a los empleadores, pero a nadie más. Si no se derrota la tendencia actual del Congreso de promover a trabajadores huéspedes y aumentar la represión migratoria, éste jamás considerará ideas pro inmigrantes y pro laborales.

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